Un informe emitido por la Contraloría Regional del Maule reveló múltiples y graves irregularidades administrativas, financieras y contractuales en la Municipalidad de Molina durante el último periodo de gestión de la exalcaldesa Priscilla Castillo. El documento, titulado Informe Final N.º 13/2025, abarca el periodo entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y detalla prácticas que vulneran principios de legalidad, probidad y uso responsable de los recursos públicos.
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Entre los hallazgos más relevantes se encuentran procesos de licitación sin bases administrativas, adjudicaciones sin sustento legal, aumentos de plazos injustificados, contratación de proveedores no habilitados y pagos realizados sin la aprobación del Concejo Municipal, contraviniendo la Ley N.º 18.695. Un caso emblemático es el contrato con una constructora, por más de $36 millones sin los debidos respaldos legales.
El informe también advierte pagos improcedentes por más de $34 millones, entre ellos $24 millones destinados al programa “Salud integral de los funcionarios”, sin registros de los asistentes ni evidencia de su beneficio para la comunidad. Asimismo, se objetaron $3,4 millones gastados en la compra de un “reconocimiento similar a un smartwatch” en el marco de la celebración del Día del Funcionario 2023, y 380 regalos adquiridos para una jornada de “capacitación y autoconocimiento”, cuyo gasto tampoco se consideró ajustado a los fines municipales.
La Contraloría también cuestionó la renovación de contratos con productoras de eventos, sin justificación técnica o jurídica válida, así como el uso de recursos públicos para actividades que no tienen relación directa con las funciones del municipio.
Uno de los hechos más graves del informe corresponde a la utilización de dependencias municipales con fines electorales: en la oficina de Didel se encontraron palomas con propaganda política de la entonces alcaldesa Priscilla Castillo y del candidato Gabriel Silva, con el lema “Sigamos Juntos”. Este uso indebido de espacios públicos derivó en un sumario administrativo cuyo resultado fue una sanción mínima: un 20% de descuento en el sueldo del funcionario responsable y una anotación de demérito.
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Además, se detectaron debilidades en el sistema de subvenciones, pagos sin respaldo tributario válido, y múltiples omisiones en la documentación exigida por la normativa vigente, lo que motivó la instrucción de sumarios administrativos y la formulación de reparos por un total de $34.828.200.
La Contraloría otorgó a la Municipalidad de Molina un plazo de 60 días hábiles para subsanar las observaciones realizadas. El extenso informe, de más de 120 páginas, surge tras el aumento del gasto municipal que superó los $11 mil millones en 2023, así como por denuncias ciudadanas y de consejeros regionales.
El órgano fiscalizador concluye que gran parte de los actos observados no se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia ni transparencia, e instó a fortalecer los mecanismos de control interno para evitar la repetición de estas prácticas en futuras administraciones.
Contraloria_Informe Final N° 13-2025 Municipalidad de Molina_