La reciente querella presentada por la actual administración municipal de Curicó habría encendido las alarmas en torno al uso de más de $800 millones destinados por el Ministerio de Educación para la reparación de ocho escuelas dañadas por las inundaciones de 2023. Los fondos, transferidos durante la gestión del exalcalde Javier Muñoz, aún no tendrían un destino claramente acreditado, lo que generaría creciente preocupación en la comuna.
De acuerdo con lo informado por el municipio, estos recursos no habrían sido utilizados para los fines originalmente previstos, situación que habría motivado la acción judicial. La falta de claridad en el uso de dichos fondos se sumaría a otras denuncias contra la administración anterior, entre ellas, deficiencias en la entrega de información a la Contraloría General de la República y eventuales irregularidades en la administración del cementerio municipal.
En este contexto, el diputado por la Región del Maule, Benjamín Moreno, fue categórico al exigir responsabilidades. “Esto es una vergüenza para los curicanos y un claro aprovechamiento de la confianza que depositaron en el exalcalde Muñoz”, manifestó el parlamentario.
Moreno también respondió a las afirmaciones del exjefe comunal, quien habría calificado las denuncias como una persecución política. “Aquí no hay persecución. Aquí hay un legítimo derecho a exigir respuestas y un deber de fiscalización que no vamos a eludir”, afirmó.
El diputado expresó su respaldo a los esfuerzos de la actual administración, que según se ha señalado, enfrentaría una compleja situación financiera. “Mientras la nueva administración está haciendo malabares para enfrentar la crisis financiera que heredó del señor Muñoz, el exalcalde sigue apareciendo en medios locales, criticando a quienes hoy deben lidiar con el desastre financiero que él mismo dejó”, sostuvo.
Finalmente, el legislador demandó avanzar en todas las líneas investigativas que permitan esclarecer lo ocurrido, no solo respecto a los $800 millones cuestionados, sino también en otras áreas que podrían haber sido afectadas durante la gestión anterior. “Los curicanos tienen derecho a conocer toda la verdad y los responsables deben rendir cuentas”, concluyó.
