Una fuerte ola de reacciones generó el informe entregado por la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica entre los años 2023 y 2024. El documento, parte del noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), derivó en oficios a 788 entidades públicas para que inicien sumarios administrativos y determinen eventuales responsabilidades disciplinarias.
Según el informe, los antecedentes también fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, lo que podría dar pie a acciones civiles, patrimoniales e incluso penales contra los involucrados.
Entre los antecedentes más llamativos, se señala que, durante los periodos de reposo asociados a 35.585 licencias médicas, se registraron 59.575 entradas o salidas del país, de acuerdo con datos proporcionados por la Policía de Investigaciones. La mayoría de estas licencias corresponde a beneficiarios de Fonasa (69%), y el resto a Isapres (31%).
Entidades y regiones con mayores casos
Entre las entidades públicas con mayor número de casos figuran la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2.280 licencias médicas bajo observación; la Fundación Integra, con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con 719. Las regiones con más funcionarios que registraron viajes durante su licencia médica son la Región Metropolitana (26.032 salidas), Arica y Parinacota (10.043) y Magallanes (5.980).
La Subsecretaría de Educación Parvularia, bajo la cual operan Junji e Integra, aseguró que ambas instituciones están “comprometidas con hacer cumplir la ley” y que ya se encuentran aplicando medidas para mejorar los controles internos relacionados con licencias médicas.
Desde el Colegio Médico de Chile (Colmed) también se pronunciaron, condenando «el uso indebido de licencias médicas tanto por quienes las solicitan sin justificación como por quienes las otorgan de forma irregular». La institución solicitó antecedentes para remitir posibles infracciones a sus tribunales de ética y reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización.
Gobierno y Congreso reaccionan
Desde el Ministerio de Hacienda, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, indicó que se instruyó a todos los servicios públicos a iniciar sumarios en un plazo máximo de 72 horas. Según detalló, el ausentismo en el sector público ha mostrado un alza preocupante tras la pandemia, superando los ocho millones de días laborales perdidos al año, lo que se traduce en más de 350 millones de dólares gastados en suplencias y reemplazos.
La denuncia también escaló al ámbito legislativo. Diputados de Renovación Nacional, entre ellos Andrés Celis y el senador Francisco Chahuán, presentaron acciones legales por posibles delitos como fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y malversación de fondos. “Este no es un hecho aislado, es una burla a los contribuyentes”, enfatizó el diputado Celis.
Por su parte, el parlamentario Henry Leal (UDI) anunció que oficiará a todos los organismos pertinentes “para perseguir a aquellos funcionarios públicos que han lesionado la fe pública”.
El informe de Contraloría se conoce en momentos en que el Congreso ya aprobó la ley que refuerza la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social sobre el uso de licencias médicas, pendiente solo de su promulgación. Esta normativa fue acordada como parte de la ley corta de Isapres, y contempla mayores exigencias a los profesionales de la salud y sanciones más severas en caso de irregularidades.
El llamado de las autoridades es claro: proteger la fe pública, resguardar los recursos fiscales y asegurar un uso justo y responsable del sistema de salud.
