Funcionarios de salud del Maule y O’Higgins entre los nuevos casos detectados por Contraloría en uso irregular de licencias médicas

El organismo fiscalizador detectó un posible uso irregular de más de 15 mil licencias médicas entre 2023 y 2024, incluyendo casos en los servicios de salud del Maule y O’Higgins.

SANTIAGO, CHILE – La Contraloría General de la República (CGR) informó este viernes que 10.805 nuevos funcionarios públicos viajaron fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica, lo que podría configurar un uso irregular del beneficio.

De acuerdo con el consolidado entregado por la entidad, estas situaciones estarían asociadas a 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales un 76% corresponde a FONASA y un 24% a Isapres. En total, los titulares de estas licencias registraron 26.606 entradas y salidas del país, con casos que van desde 16 hasta más de 30 viajes por persona.

Servicios más involucrados

La CGR indicó que los funcionarios pertenecen a 442 entidades públicas regionales, principalmente servicios de salud y hospitales (67%), seguidos por Servicios Locales de Educación Pública (15%), municipalidades y corporaciones municipales (11%), establecimientos educacionales (4%) y otros servicios (3%).

Entre los organismos con más casos destacan:

• Servicio de Salud Magallanes: 1.258 licencias.
• SLEP Chinchorro: 1.065 licencias.
• Servicio de Salud del Reloncaví: 780 licencias.
• Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota: 692 licencias.
• Dirección Servicio de Salud Aysén: 553 licencias.
• Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta: 517 licencias.
• Servicio de Salud del Maule: 389 licencias.
• Servicio de Salud O’Higgins: 390 licencias.

Con este nuevo hallazgo, la cifra total de funcionarios públicos que habrían hecho un uso irregular de sus licencias médicas asciende a 35.883 casos en el país.

Próximos pasos

La contralora general, Dorothy Pérez, notificará a las instituciones involucradas para que inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes y remitan las resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) en un plazo de cinco días hábiles.