La iniciativa no alcanzó el quórum requerido y fue enviada a archivo
VALPARAÍSO, CHILE – La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la reforma constitucional que buscaba regular la dieta de los expresidentes de la República, tras no reunir el quórum mínimo de aprobación exigido por la Constitución. Con 78 votos a favor, 4 en contra y 41 abstenciones, la propuesta quedó archivada al no alcanzar los 87 votos necesarios.
El proyecto, despachado previamente por la Comisión de Constitución, se originó en once mociones refundidas. Estas planteaban distintos escenarios, desde la eliminación total de la dieta hasta la fijación de asignaciones acotadas, como establecer una dieta temporal o limitarla a expresidentes a partir de los 65 años.
La iniciativa proponía que los expresidentes percibieran como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, prohibiendo asignaciones adicionales con fondos públicos. Asimismo, establecía restricciones para quienes ocuparan cargos remunerados, postularan a elección popular o hubiesen llegado a la Presidencia por vacancia o destitución en juicio político.
Argumentos en la discusión
Los parlamentarios que apoyaron la reforma señalaron que la actual normativa representa un privilegio injustificado, y llamaron a restringir beneficios en favor de la eficiencia fiscal. También destacaron la indicación del diputado Gustavo Benavente, que buscaba limitar la entrega de la dieta solo a partir de los 65 años, aunque no alcanzó a votarse tras el rechazo general.
Por su parte, quienes se opusieron defendieron que la dieta protege la figura institucional de la Presidencia de la República, evitando que exmandatarios queden expuestos al mercado privado o a posibles conflictos de interés. Argumentaron además que la asignación permite mantener oficinas y personal, necesarios para la representación de un expresidente.
Algunos críticos cuestionaron la oportunidad de la discusión, señalando que se intentó legislar “con nombre y apellido” en un año electoral.
Estado de excepción en la macrozona sur
En la misma sesión, la Cámara aprobó la solicitud del Presidente de la República para extender por 30 días el estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur, una vez que expire el decreto vigente el próximo 27 de septiembre.
Según el informe presentado, la medida ha permitido hasta el 7 de septiembre 647.370 controles, 1.376 detenciones y una reducción del 36% en los hechos de violencia rural respecto al mismo periodo de 2024. En comparación con 2021, la baja alcanza un 80%. Los delitos con mayor disminución fueron los ataques incendiarios (-39%), los robos (-48%) y la sustracción de madera (-52%).
