El exfiscal Guillermo Richards y la magistrada Humilde Silva son indagados por presuntas irregularidades que impidieron el comiso de más de $2.500 millones en un caso de contrabando a gran escala.
TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIOBÍO – Una compleja investigación judicial involucra al exfiscal jefe de Talcahuano y exfiscal regional del Maule, Guillermo Mauricio Richards Hormazábal, y a la jueza Humilde Silva Gaete, por presuntas irregularidades cometidas en un caso de contrabando y lavado de activos que permitió beneficiar a los principales integrantes de una organización dedicada al comercio ilegal de cigarrillos.
De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, Richards habría eliminado delitos clave durante la audiencia de preparación de juicio oral, decisión que impidió que el Estado recuperara más de $2.500 millones incautados durante los allanamientos. La jueza Silva, por su parte, aprobó el acuerdo que permitió a los imputados evadir penas de cárcel y acceder a salidas alternativas.
Contexto de la causa
El caso se remonta a agosto de 2020, cuando la policía desarticuló una red de contrabando en el Gran Concepción, vinculada al proveedor Claudio Vivanco Acuña, alias “El Lampa”. En su domicilio se hallaron $180 millones en efectivo, escondidos en una pared tras un televisor, además de $750 millones congelados en cuentas bancarias.
El entonces fiscal jefe Julián Muñoz Riveros presentó en septiembre de 2022 una acusación contra 12 imputados por los delitos de asociación ilícita, receptación aduanera, comercio clandestino y lavado de activos, con penas que superaban los 100 años de prisión en conjunto.
Sin embargo, en mayo de 2024, al retomar la causa, Richards modificó unilateralmente la acusación, eliminando los cargos de mayor gravedad y dejando sólo el de receptación aduanera, un delito de menor entidad. En consecuencia, la mayoría de los imputados fue beneficiada con salidas alternativas, incluyendo suspensiones condicionales y acuerdos reparatorios con pagos mínimos a Aduanas.
Reacción institucional y acciones judiciales
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) intervino tras las derrotas judiciales del Ministerio Público, logrando que se dictara una medida prejudicial precautoria para detener la devolución del dinero incautado, mientras se resuelve la investigación por presuntas responsabilidades penales y administrativas del exfiscal y la jueza.
El proceso, que aún se encuentra en curso, busca determinar si Richards y Silva actuaron en contravención a sus deberes o incurrieron en conductas constitutivas de delito, al permitir que una organización de contrabando —que operó durante años— eludiera el comiso de más de $2.500 millones y evitara condenas de prisión efectiva.
