El procedimiento, denominado “Operación Apocalipsis”, es encabezado por la Fiscalía Metropolitana Occidente y surge tras una extensa investigación por corrupción carcelaria.
CHILE – Durante la madrugada de este martes 16 de diciembre, se desarrolló un amplio operativo nacional con allanamientos simultáneos en establecimientos penitenciarios y domicilios particulares, incluyendo recintos ubicados en las regiones del Maule y O’Higgins, en el marco de una investigación de alto impacto por corrupción al interior del sistema carcelario chileno.
El procedimiento —denominado “Operación Apocalipsis”— es liderado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, bajo la conducción del fiscal regional Marcos Pastén, y contempla 77 órdenes de detención, además de diligencias ejecutadas en siete regiones del país: Metropolitana, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins.
Investigación de alcance nacional
De acuerdo con información publicada por CIPER Chile, La indagatoria, desarrollada durante al menos ocho meses por la Fiscalía y la PDI, permitió detectar una estructura criminal que operaría desde el interior de recintos penitenciarios, principalmente desde Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, con ramificaciones hacia otras zonas del país.
Según la investigación, esta red habría movilizado más de 6.300 millones de pesos en los últimos tres años, mediante un sistema de cohecho, tráfico de bienes prohibidos e ingresos irregulares, en el que estarían involucrados funcionarios de Gendarmería, civiles externos e internos.
La investigación permitió acreditar el funcionamiento de un mercado negro estructurado, donde se facilitaba el ingreso de teléfonos celulares, drogas, alcohol, alimentos, chips y otros artículos prohibidos, además de personas indocumentadas que ingresaban como supuestas visitas, sin dejar registro formal.
Uno de los aspectos más graves detectados, es la vulneración deliberada de los controles de seguridad en la llamada “Aduana” penitenciaria, donde funcionarios habrían simulado protocolos de revisión biométrica a cambio de pagos, permitiendo el ingreso irregular de personas y especies.
Las diligencias incluyen interceptaciones telefónicas, levantamiento de secreto bancario, análisis patrimonial, seguimientos y registros audiovisuales, obtenidos incluso mediante cámaras instaladas especialmente en las inmediaciones de los recintos penitenciarios.
El operativo contempla el despliegue de más de 500 funcionarios de la PDI y cerca de 190 efectivos de Gendarmería, con allanamientos en nueve recintos penitenciarios y decenas de domicilios, y busca desarticular una de las redes de corrupción penitenciaria más graves detectadas hasta ahora en el país, según consigna el medio de investigación.
