Bancada de la UDI acusa intento de introducir norma permanente en el reajuste del sector público y advierte ofensiva si no se retira la medida
SANTIAGO, CHILE – La controversia en torno al protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público escaló luego de que la bancada de diputados de la UDI anunciara que iniciará conversaciones con partidos de oposición para impulsar una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por la denominada “ley de amarre” incluida en el proyecto de reajuste del sector público.
La ofensiva fue encabezada por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto al diputado Jorge Alessandri, quienes apuntan a la decisión del Ejecutivo de incorporar una norma que restringe la desvinculación de funcionarios a contrata solo invocando la “necesidad del servicio”, estableciendo mayores exigencias de fundamentación para los despidos.
“No vamos a permitir que en una ley que se discute año a año se intente incluir una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno”, sostuvieron los parlamentarios, advirtiendo que si el ministro Nicolás Grau no retira la propuesta, “lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo”.
Desde la UDI aseguraron que buscarán apoyo en toda la oposición, incluido el PDG, con el objetivo de que el secretario de Estado “no pueda ejercer cargos públicos por cinco años”, en caso de prosperar una eventual acusación.
La polémica se origina en el punto 14 del protocolo de acuerdo firmado entre el Gobierno y representantes del sector público, documento de 14 páginas y 26 puntos, suscrito por los ministros Nicolás Grau (Hacienda) y Giorgio Boccardo (Trabajo), además de dirigentes gremiales. En dicho apartado se establece que la no renovación de contratas deberá realizarse mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, notificado con al menos 30 días de anticipación, y remitido a la Contraloría General de la República.
En la oposición, la medida ha sido calificada como una “ley de amarre”, al considerar que limitaría el margen de acción de futuras administraciones para realizar desvinculaciones en el aparato público. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, advirtió que la iniciativa podría afectar el proceso de traspaso de mando, mientras que Ramírez acusó una “corrupción institucionalizada”, señalando que alrededor de 350 mil cargos quedarían protegidos por la norma.
Desde el oficialismo, en tanto, se ha defendido la propuesta. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que la restricción busca resguardar la carrera funcionaria y evitar despidos arbitrarios, recordando que todo acto administrativo debe ser debidamente justificado. En la misma línea, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, afirmó que se trata de asegurar reglas claras y fundadas para eventuales desvinculaciones.
La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, cuestionó el tono de la ofensiva opositora, señalando que responde más a un “discurso de campaña” que a un proceso de traspaso institucional. A su vez, desde el Partido Socialista, su presidenta Paulina Vodanovic expresó reparos por la falta de información formal sobre el contenido definitivo del protocolo.
Por ahora, la eventual acusación constitucional se mantiene en fase de anuncio y negociación política, mientras el Gobierno insiste en que la norma responde a una demanda histórica de las asociaciones de funcionarios y deberá ser debatida en el Congreso durante la tramitación del reajuste del sector público.
