El tribunal impuso penas de presidio efectivo, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y millonarias sanciones económicas por hechos cometidos entre 2021 y 2023.
RANCAGUA, REGIÓN DE O’HIGGINS – El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dictó este viernes una sentencia de 16 años de presidio efectivo en contra del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por una serie de delitos de corrupción cometidos durante su período como jefe comunal.
La resolución judicial se da luego del veredicto condenatorio emitido el pasado 23 de diciembre, tras un extenso juicio oral en el que el Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal de la exautoridad en delitos de cohecho agravado, fraude al Fisco y lavado de activos, además de ilícitos tributarios y malversación de caudales públicos.
Durante la audiencia de lectura de sentencia —realizada durante la mañana y seguida de manera remota por el exjefe comunal— el tribunal estableció 12 años de presidio mayor en su grado medio por el delito de cohecho continuado y consumado, a lo que se suman 4 años de presidio por lavado de activos en su grado máximo, totalizando 16 años de cárcel.
Junto con las penas privativas de libertad, el tribunal decretó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, sanción accesoria que impide de forma definitiva a Godoy desempeñar funciones en la administración del Estado.
Los jueces fundamentaron la magnitud de las penas en la gravedad de los hechos acreditados, el carácter reiterado de las conductas ilícitas y el volumen de antecedentes probatorios presentados durante el juicio, incluyendo testimonios, peritajes financieros y abundante documentación.
En el ámbito económico, la sentencia contempla multas que superan los 400 millones de pesos, principalmente asociadas al delito de cohecho. Asimismo, el tribunal acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios, ordenando al exalcalde el pago de 540 millones de pesos, monto destinado a resarcir el daño patrimonial causado al Estado.
De acuerdo con lo señalado por el fiscal de Alta Complejidad, Nicolás Núñez, las sanciones económicas forman parte relevante de la condena, considerando el perjuicio fiscal estimado en alrededor de $2.300 millones, generado a través de pagos irregulares y beneficios indebidos a terceros.
Según la investigación, Juan Ramón Godoy habría favorecido a empresarios cercanos, que operaron como “proveedores VIP”, mediante tratos directos sin justificación, desestimación de cobro de multas y pagos por obras no ejecutadas, hechos ocurridos entre los años 2021 y 2023.
En junio de 2024, el Tribunal Electoral Regional de O’Higgins resolvió la remoción de Godoy de su cargo, en el marco de acusaciones por abandono de deberes y contravención a normas de probidad administrativa. Posteriormente, y tras conocerse los antecedentes de la investigación, el Partido Socialista de Chile suspendió su militancia.
En la misma causa, el tribunal también condenó al empresario Javier Cornejo, quien recibió una pena de cuatro años bajo régimen sustitutivo, además de una multa económica.
La sentencia contra Juan Ramón Godoy es considerada una de las más relevantes en materia de corrupción pública en la Región de O’Higgins en los últimos años, marcando un precedente judicial respecto al uso de recursos públicos y la responsabilidad penal de autoridades comunales.
