El tribunal de alzada ratificó que la libertad de la acusada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad y reiteración de los delitos investigados.
RANCAGUA, REGIÓN DE O’HIGGINS – La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la resolución que mantiene en prisión preventiva a C.G.F., imputada por el Ministerio Público como autora de delitos reiterados y consumados de cohecho agravado, falsificación de instrumento público y lavado de activos.
Los hechos investigados se habrían cometido entre los años 2020 y 2022, periodo en el que la imputada se desempeñaba en la Subsecretaría de Educación. De acuerdo con los antecedentes del caso, junto a un coimputado habría participado en la emisión de certificados educacionales falsos, utilizados para la obtención fraudulenta de licencias de conducir.
En fallo unánime, el tribunal de alzada descartó errores en la decisión adoptada previamente por el Juzgado de Garantía de Rancagua, al estimar que se mantienen plenamente vigentes los presupuestos legales para aplicar la medida cautelar más gravosa.
El dictamen sostiene que, conforme a los antecedentes reunidos hasta ahora en la investigación, no se han incorporado nuevos elementos que modifiquen los presupuestos materiales del hecho ni la participación atribuida a la imputada. En ese contexto, el tribunal concluye que se cumple el estándar exigido por el artículo 140 del Código Procesal Penal para la imposición de la prisión preventiva.
Asimismo, la resolución enfatiza que, atendida la cantidad y gravedad de los ilícitos, su calificación jurídica y las penas asociadas, la libertad de la imputada representa un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la cual se justifica mantener la medida cautelar.
Según el ente persecutor, los hechos se enmarcan en una organización criminal que operó en el Departamento de Tránsito de la comuna de Requínoa, dedicada a la entrega irregular de licencias de conducir. En ese contexto, la imputada y su coimputado habrían recibido pagos para emitir 5.581 certificados de educación ideológicamente falsos.
La investigación también establece que C.G.F. habría adquirido bienes, entre ellos vehículos y propiedades, utilizando los dineros obtenidos ilícitamente, con el objetivo de ocultar y disimular el origen de los fondos, configurando así el delito de lavado de activos.
