Proyecto avanza al Senado sin la controvertida norma sobre despidos en contrata
VALPARAÍSO, CHILE – La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de reajuste para las y los trabajadores del sector público, una iniciativa que contempla un aumento total de 3,4% a junio de 2026. El debate estuvo marcado por la eliminación de la denominada “norma de amarre”, uno de los puntos más controvertidos de la discusión legislativa.
El reajuste, establece una primera alza retroactiva de 2,0% desde el 1 de diciembre de 2025, aplicable a remuneraciones, asignaciones y beneficios imponibles y no imponibles. Posteriormente, a contar del 1 de junio de 2026, se sumará un 1,4% adicional, completando así el aumento total del 3,4%.
La iniciativa aprobada el miércoles 14 de enero, incluye una serie de otros beneficios económicos para funcionarios activos y pasivos, definidos en gran parte por acuerdos entre el Ejecutivo y la Mesa del Sector Público. Entre ellos destacan bonos de escolaridad, aportes a bienestar, incentivos al retiro y beneficios para pensionados, como el bono de invierno y aguinaldos.
Norma de contratas queda fuera del proyecto
Uno de los puntos que tensionó el debate fue la disposición que buscaba restringir los despidos de funcionarios a contrata. La propuesta original permitía que quienes cumplieran dos años en el cargo pudieran apelar a la Contraloría en caso de desvinculación. Si bien el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, intentó elevar el requisito a cinco años para lograr consenso, la Cámara finalmente rechazó cualquier versión de la norma.
La oposición argumentó que la medida reducía la flexibilidad del Estado y podía promover la permanencia de funcionarios ligados a la actual administración. Desde el oficialismo, en tanto, se defendió que la norma buscaba dar estabilidad y evitar despidos arbitrarios. Pese a ello, la propuesta no alcanzó el quorum necesario y quedó excluida del texto que avanzará al Senado.
Impacto fiscal y cobertura
Según el informe financiero, el proyecto implica un costo fiscal cercano a 1,6 billones de pesos, incluyendo el reajuste retroactivo. De ese total, más de $838 mil millones corresponden exclusivamente al aumento salarial. El gasto proyectado para 2027 asciende a 1,14 billones de pesos.
El reajuste impactará a más de 951 mil trabajadores del sector público, mientras que los bonos y beneficios llegarán a más de 1,19 millones de personas. En el caso del sector pasivo, se estima que más de 3,1 millones de pensionados recibirán beneficios asociados.
La iniciativa fue aprobada en su idea de legislar por 94 votos a favor y 35 en contra, mientras que las normas con quórum especial no lograron las mayorías necesarias. El proyecto pasará ahora al Senado, donde continuará la discusión respecto de sus efectos laborales, administrativos y financieros.
