Auditoría reveló pagos millonarios por ausentismo prolongado, falta de recuperación de fondos por licencias rechazadas y graves falencias en los sistemas de control interno.
REGIÓN DE O’HIGGINS, CHILE – La Contraloría General de la República dejó al descubierto un escenario de debilidades administrativas, falencias de control interno y riesgos directos para el patrimonio fiscal, tras auditar la gestión de licencias médicas en la Dirección del Servicio de Salud O’Higgins (SSO) y el Hospital de Rengo, según el Informe Final N°665 de 2025, que abarcó el período entre el 1 de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2025.
La revisión examinó el pago de remuneraciones a funcionarios con extensos períodos de inasistencia por motivos médicos, además de la calidad de los registros institucionales y la capacidad de recuperación de dineros públicos asociados a subsidios.
En este contexto, el organismo fiscalizador advirtió que la situación requiere mecanismos de seguimiento, control y gestión más estrictos, con el fin de resguardar recursos fiscales.
Durante la auditoría, la Contraloría centró parte relevante de su análisis en el denominado ausentismo laboral prolongado, definido como licencias médicas por un período “continuo o discontinuo, igual o superior a 180 días”.
Bajo este criterio, se determinó que los recursos fiscales pagados en remuneraciones alcanzaron:
- $694.595.550 en la Dirección del SSO, correspondientes a 48 funcionarios.
- $770.007.939 en el Hospital de Rengo, vinculados a 63 funcionarios.
Estos pagos se efectuaron mientras los funcionarios se mantenían con licencias médicas extensas, lo que, según se desprende del informe, exige controles reforzados para evaluar la procedencia de subsidios y eventuales recuperaciones.
A ello se suma el gasto adicional por reemplazos. En una muestra revisada, la Contraloría consignó que: “Los recursos pagados por concepto de remuneraciones, con sus respectivos reemplazos, fueron de $253.556.921 y $390.485.035”, incrementando la presión sobre los presupuestos institucionales.
Uno de los hallazgos más críticos corresponde a la falta de acciones oportunas para recuperar recursos pagados por licencias médicas que posteriormente fueron rechazadas por los organismos competentes.
La Contraloría señaló que esta omisión “no guarda armonía con lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N°18.575”, que obliga a la Administración del Estado a actuar bajo principios de eficiencia, eficacia, transparencia y control.
En términos concretos, se determinó que las entidades “no constituyó en deudores por licencias médicas rechazadas a los funcionarios”, derivando en $103.128.966 no recuperados.
El informe agrega además un riesgo temporal relevante, indicando que el derecho a exigir devoluciones “prescribirá… dentro de seis meses desde el término de la respectiva licencia”, lo que podría hacer jurídicamente inviable la recuperación si no se actúa con rapidez.
La auditoría también expuso deficiencias graves en la calidad y consistencia de los sistemas de información utilizados para el control de licencias.
Se constató que:
- 466 licencias médicas en el SSO
- 483 licencias en el Hospital de Rengo
figuraban en los sistemas internos, pero “no fueron habidas en la base de datos de la SUSESO”, generando discrepancias que dificultan la trazabilidad y certeza documental.
El informe enfatiza que “los sistemas de información deberán incluir comprobaciones que validen y aborden la integridad y precisión de la información”, pero detectó casos de licencias rechazadas que seguían apareciendo como vigentes en registros internos, situación que “no se aviene con lo indicado… en las Normas sobre Control Interno”.
Asimismo, se observaron licencias que no fueron registradas dentro de plazo en el sistema de control de personal del Estado, incumpliendo el deber de informar oportunamente actos relativos a la vida funcionaria.
