Gremios advierten ambigüedades en el reglamento y temen fiscalizaciones arbitrarias, mientras el Ministerio del Medio Ambiente asegura que existen definiciones claras para su aplicación
SANTIAGO, CHILE – Comenzó a regir una nueva fase de implementación de la Ley 21.368, normativa que regula la entrega de plásticos de un solo uso y el uso de botellas plásticas desechables, con el objetivo de proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos.
La legislación busca avanzar hacia una economía circular, reduciendo progresivamente los artículos plásticos problemáticos e innecesarios, fomentando la reutilización y promoviendo la valorización de los residuos generados.
Sin embargo, el viernes 13 de febrero, tras la entrada en vigor de esta etapa ha despertado inquietud en distintos sectores del comercio, especialmente en supermercados y establecimientos gastronómicos, que han cuestionado la falta de claridad en ciertos aspectos del reglamento.
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Prohibición de artículos plásticos de un solo uso
La principal novedad de esta fase es que queda prohibida la entrega de productos de un solo uso —como cubiertos, bombillas, vasos o palillos— salvo que sean de materiales certificados como biodegradables, tales como madera, papel o cartón.
Además, para el consumo dentro de los locales, estos artículos solo podrán entregarse “si el cliente lo pide explícitamente”. En cambio, para consumo fuera del establecimiento, la normativa permite el uso de artículos desechables de plástico no valorado o certificado.
Debate por obligación de botellas retornables
Uno de los puntos más discutidos es la exigencia para supermercados de exhibir al menos un 30% de bebidas en botellas retornables en vitrinas, obligación que ha generado preocupación en gremios por posibles interpretaciones dispares.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, sostuvo que “entendemos que una normativa nueva requiere certezas”, agregando que “necesitamos las certezas que da el reglamento”.
La dirigente advirtió que, si bien se anticipa el cumplimiento, “para poder fiscalizar se requiere que el reglamento esté actualmente vigente, cosa que no es así”, planteando que esperan que las fiscalizaciones comiencen con parámetros claros para empresas y autoridades.
“No estamos pidiendo retrasar el cumplimiento, pero sí las certezas necesarias porque afectan la operación de supermercados”, señaló.
En tanto, el presidente de Achiga, Máximo Picallo, criticó que el reglamento debió estar disponible con mayor antelación y acusó que existen puntos ambiguos. “El reglamento tiene bastantes situaciones que quedaron no muy claras y genera incertidumbre”, afirmó.
Asimismo, cuestionó que algunas medidas podrían implicar un gasto elevado de agua y energía en el reemplazo por elementos reutilizables.
Respuesta del Ministerio del Medio Ambiente
Desde el Gobierno, el ministro subrogante del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, recalcó que la ley fue aprobada en 2021 y siempre consideró una gradualidad para permitir la adaptación del comercio.
“Este documento se publicó en el Diario Oficial el 7 de enero y entrega definiciones claras”, explicó, mencionando expresamente la obligación del 30% de botellas retornables.
Solicitud de informe a Contraloría
Ante el escenario de incertidumbre, la CCS solicitó a la Contraloría General de la República la emisión de un informe que permita aclarar conceptos como la definición de “vitrina” y otros parámetros, con el fin de evitar fiscalizaciones arbitrarias y brindar mayor seguridad jurídica a los comerciantes.
Mientras la Ley PUSU continúa avanzando en su implementación, el debate se centra en cómo equilibrar los objetivos ambientales con una aplicación clara y equitativa para todos los actores regulados.
