Parlamentario criticó decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo adoptada a días del cambio de mando presidencial, señalando que se estaría prolongando la permanencia de autoridades designadas por la actual administración
REGIÓN DEL MAULE – El diputado por la Región del Maule, Benjamín Moreno, manifestó cuestionamientos a la renovación del nombramiento de la directora del Serviu Maule, Paula Oliva, hasta el año 2029, decisión adoptada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a pocos días del cambio de gobierno, cuando el presidente electo José Antonio Kast asumirá el próximo 14 de marzo.
Según el decreto respectivo, el nombramiento de la autoridad fue renovado por un periodo de tres años, desde el 17 de marzo de 2026 hasta el 17 de marzo de 2029, manteniéndose en el cargo como directora del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en la región del Maule.
El parlamentario calificó la decisión como una señal preocupante respecto de eventuales “amarres” en cargos públicos antes del término del actual gobierno. “Estamos a días de que termine este gobierno y aun así siguen amarrando cargos en los servicios públicos. Renovar hasta 2029 a Paula Oliva como directora del Serviu del Maule es inaceptable”, afirmó.
Moreno sostuvo que, a su juicio, este tipo de medidas buscan mantener instaladas autoridades vinculadas a la administración saliente más allá del término de su mandato. “No es aceptable que se aperne en los cargos a personas que han sido parte de una gestión claramente ineficiente. Lo que están haciendo es intentar prolongar en el tiempo a autoridades que han sido parte del peor gobierno de la historia, sin importar su mal desempeño ni el daño que eso termina provocando a los chilenos”, indicó.
El diputado agregó que situaciones similares, según planteó, también se estarían observando en otros nombramientos en la región. En ese contexto mencionó el caso de la ex gobernadora regional Cristina Bravo, señalando que “hoy está cuestionada y siendo investigada por la administración de recursos durante su gestión, y aun así termina siendo contratada como directora regional del IPS. Eso demuestra cómo se están repartiendo cargos sin considerar las condiciones técnicas ni éticas que deberían exigirse para dirigir un servicio público”, afirmó.
Finalmente, el parlamentario también cuestionó la decisión de la propia autoridad regional de aceptar la renovación. “Rechazamos la decisión de la propia directora regional de aceptar mantenerse en el cargo bajo estas condiciones. Cuando estos nombramientos responden a decisiones políticas lo mínimo esperable es tener coherencia y no aceptar este tipo de amarres justo cuando el gobierno que la designó está terminando”, concluyó.
En el debate público previo al cambio de mando presidencial, distintos sectores políticos han planteado críticas respecto de eventuales nombramientos o renovaciones de cargos en el aparato estatal antes de la llegada de la nueva administración, discusión que se ha instalado en el ámbito nacional en el contexto de la transición de gobierno.
