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OMS y ONU apoyan la propuesta de prohibir las redes sociales a menores, mientras crece la tensión con las plataformas digitales

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Finlandia, Eslovenia y Portugal se suman a las restricciones de edad, mientras la Comisión Europea recuerda que cualquier medida debe ajustarse a la Ley de Servicios Digitales

BRUSELAS, UNIÓN EUROPEA – La propuesta del Gobierno de España de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años reactivó el debate en la Unión Europea sobre los límites y responsabilidades de las plataformas digitales, en un contexto de creciente preocupación por los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en internet.

La iniciativa, que busca reforzar la protección de los menores en el entorno digital, ha sido recibida de forma positiva en Bruselas, aunque la Comisión Europea recordó que cualquier regulación nacional debe enmarcarse dentro de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que establece obligaciones para las grandes plataformas en materia de seguridad y protección infantil.

Desde la Comisión se advirtió que los Estados miembros no pueden imponer exigencias adicionales fuera del marco comunitario, lo que dificulta avanzar hacia una regulación homogénea en toda Europa.

Nuevos países impulsan restricciones similares

El debate ha generado adhesiones en distintos países. El Gobierno de Finlandia anunció que prepara cambios legislativos para restringir el acceso de menores de 15 años a redes sociales, siguiendo de cerca lo que ocurre en España, Dinamarca y Suecia.

La ministra finlandesa de Seguridad Social, Sanni Grahn-Laasonen, señaló que estos países comparten el desafío de que su legislación sea compatible con la normativa europea.

En la misma línea, el Gobierno de Eslovenia confirmó las bases de un proyecto de ley que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 15 años en plataformas como TikTok y Snapchat.

El viceprimer ministro esloveno, Matej Arcon, afirmó que “como Gobierno, demostramos que nos importa nuestra infancia”.

También Portugal anunció planes para establecer restricciones de edad, mientras que países como Francia, Reino Unido, Dinamarca y Grecia ya han iniciado pasos concretos en esta dirección.

Respaldo de organismos internacionales

La propuesta española recibió respaldo de entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su apoyo a la regulación impulsada por Pedro Sánchez, destacando que “las plataformas deben diseñarse y gestionarse para proteger la seguridad y la salud de los niños”.

Además, planteó la necesidad de “hacer cumplir límites reales de edad, frenar diseños adictivos y ser transparentes sobre los algoritmos”, junto con una supervisión independiente.

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño recomendó a España reforzar regulaciones para proteger a menores de contenidos perjudiciales y garantizar su derecho a la privacidad, advirtiendo sobre tecnologías problemáticas o adictivas.

Tensiones con dueños de plataformas digitales

El anuncio español también generó fuertes reacciones de empresarios tecnológicos. El CEO de X, Elon Musk, acusó al presidente Sánchez de ser un “tirano”, mientras que el fundador de Telegram, Pável Dúrov, lo criticó por supuestamente atentar contra la libertad.

Sánchez respondió defendiendo la necesidad de que los ejecutivos de plataformas enfrenten responsabilidades legales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio.

En paralelo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, planteó incluso la posibilidad de limitar o prohibir el uso de X, argumentando vulneraciones de derechos fundamentales en ese espacio digital.

Un debate abierto en Europa

Aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a examinar un límite de edad para redes sociales y se han emitido recomendaciones desde el Parlamento Europeo, la falta de consenso impide aún una regulación común a nivel comunitario.

Mientras tanto, España avanza con medidas propias, en un escenario donde la protección de los menores se enfrenta al desafío de equilibrar competencias nacionales, libertades digitales y regulación europea.

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