POLICIAL

Corte de Apelaciones de Talca desafuera al Diputado Juan Francisco Pulgar Castillo imputado por delitos de violación

El pleno de la Corte de Apelaciones de Talca ha declarado procedente la solicitud de desafuero contra el diputado Juan Francisco Pulgar Castillo, imputado como autor de violaciones reiteradas a una mayor de 14 años, que habrían sido cometidas durante el año 2014 en la Región del Maule. La decisión, tomada de forma unánime por el tribunal, permite ahora la formación de causa penal en su contra.

El Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo Escobar, presentó la solicitud argumentando que existen méritos suficientes en los antecedentes para proceder con la acusación. El tribunal subrayó que su decisión no prejuzga sobre la culpabilidad del diputado ni sobre la verificación del delito, tarea que corresponderá al tribunal penal en una fase procesal posterior.

La Corte señaló que se han cumplido los estándares de convicción necesarios para dar lugar al desafuero, basándose en indicios suficientes que sugieren la posible participación del diputado en los ilícitos mencionados. Estos delitos están descritos como violaciones reiteradas a una persona mayor de 14 años, enmarcadas en el artículo 361 N° 1 y 2 del Código Penal, y se atribuye al parlamentario la calidad de autor conforme a los artículos 7 y 15 N° 1 del mismo código.

“Existen antecedentes suficientes para dar lugar a la formación de causa, toda vez que los hechos referidos tienen el carácter de delito y concurren indicios que dotan de plausibilidad la existencia del mismo y una potencial participación del diputado en los hechos que se investigan”, sostuvo el tribunal.

La decisión de la Corte no solo permite continuar con la investigación formalizada, sino que también establece la base para un futuro juicio oral, donde se examinarán todos los antecedentes y pruebas, incluyendo posibles pruebas de descargo.

Esta resolución marca un momento significativo en la justicia chilena, demostrando el compromiso del sistema judicial con el procesamiento adecuado de las figuras públicas, independientemente de su posición, asegurando que todos los implicados reciban un juicio justo y conforme a derecho.

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