Edil asegura que no utilizó recursos públicos y que la situación ocurrió antes de precisiones normativas del órgano fiscalizador
CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE – El alcalde de Curicó, George Bordachar Sotomayor, se refirió a la apertura de un sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República, luego de que su nombre apareciera en una nómina de funcionarios públicos que habrían realizado apuestas en casinos pese a tener prohibición legal por administrar fondos públicos.
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El caso se enmarca en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, emitido el 23 de marzo de 2026, donde se detectó que 910 funcionarios de 371 entidades públicas realizaron transacciones en casinos por un total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025.
A raíz de estos antecedentes, la Contraloría instruyó a las entidades públicas iniciar procesos disciplinarios. En ese contexto, el jefe comunal explicó que “con fecha 23 de marzo de 2026 llegó el oficio de Contraloría que adjunta la nómina de funcionarios que habrían asistido a casinos teniendo prohibición, en la cual figura el suscrito, otorgando un plazo de cinco días para iniciar los sumarios”.
El alcalde indicó que el procedimiento administrativo fue iniciado dentro de los plazos establecidos. “Se instruyó con fecha 25 de marzo el inicio de los sumarios”, precisó.
Respecto de los hechos, Bordachar sostuvo que su presencia en el recinto se dio en un contexto personal. “Asistí en el marco de una actividad deportiva de una institución curicana. En esos días solicité día administrativo y quedó como alcalde subrogante Marcelo Fernández”, afirmó.
Asimismo, descartó cualquier irregularidad en el uso de recursos públicos. “No se utilizaron recursos municipales ni fondos públicos, y llevaba un par de semanas como alcalde al momento de los hechos”, agregó.
El edil también señaló que delegó la gestión del proceso administrativo. “Este tema lo delegué en Marcelo Fernández para que adopte las decisiones administrativas correspondientes”, indicó.
En relación con el marco normativo, Bordachar sostuvo que la regulación fue precisada con posterioridad a los hechos. “La Contraloría aclaró este tema respecto a alcaldes a fines de febrero de 2025, mediante un oficio posterior a mi asistencia”, puntualizó.
Cabe señalar que el informe del organismo fiscalizador establece que los antecedentes fueron remitidos tanto a las instituciones correspondientes como a organismos competentes, con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas y, en algunos casos, evaluar acciones adicionales.
Por ahora, el proceso se encuentra en etapa administrativa, sin que exista una sanción determinada, a la espera del desarrollo de los sumarios instruidos por la autoridad contralora.
