La Sala declaró ha lugar la acusación por notable abandono de deberes y el proceso será remitido al Senado
SANTIAGO, CHILE – La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 132 votos declarar ha lugar la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes. Con esta decisión, la Cámara comunicará el acuerdo al Senado y al magistrado dentro de las 24 horas siguientes al término de la sesión.
En representación de la Cámara, la diputada Carolina Tello y los diputados Daniel Manouchehri y Jorge Ratgheb serán los encargados de formalizar y proseguir la acusación ante el Senado, en la sesión que este convoque para tal efecto.
Contenido del libelo acusatorio
La acusación constitucional, ingresada por once diputadas y diputados, imputa al ministro —actualmente suspendido de su cargo— faltas a los deberes de probidad, abstención e imparcialidad, al haber participado en causas judiciales donde mantenía vínculos personales relevantes con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, intervinientes en dichos procesos.
La exposición del libelo ante la Sala estuvo a cargo del diputado Daniel Manouchehri, quien sostuvo que Chile enfrenta una crisis de confianza en la justicia, señalando que esta no puede operar bajo lógicas de amistad, favores o redes. Añadió que la acusación se sustenta en argumentos jurídicos y políticos, así como en criterios de sentido común, al estimar acreditado el notable abandono de deberes.
Entre los antecedentes, el diputado acusador incorporó dudas sobre el pago de pasajes de viajes y cruceros realizados por el ministro Simpertigue con los abogados mencionados, indicando que, si bien la defensa sostuvo la existencia de un comprobante de devolución, ello no habría sido acreditado, planteando eventuales aristas penales.
Fundamentación de votos
Durante el debate, diversas parlamentarias y parlamentarios fundamentaron su respaldo a la acusación. La diputada Camila Musante cuestionó la incomparecencia del ministro a la sesión y planteó la necesidad de revisar los mecanismos que permitirían redes de favores en la justicia.
La diputada Ana María Gazmuri sostuvo que el caso afecta directamente la independencia judicial y la confianza ciudadana, superando el umbral para activar el control político del Congreso.
La diputada Carolina Tello enfatizó el incumplimiento del deber de abstención e imparcialidad, mientras que la diputada Daniela Serrano y el diputado Matías Ramírez aludieron a principios de probidad, transparencia e imparcialidad, citando fallos y antecedentes que, a su juicio, comprometen dichos estándares.
La diputada Daniella Cicardini criticó la falta de inhabilitación del juez y los viajes con abogados litigantes, y la diputada Marcela Riquelme señaló que el daño a la confianza pública ya estaría producido. Por su parte, el diputado Luis Malla llamó a medidas de transparencia, como el levantamiento del secreto bancario.
Defensa del ministro
La defensa del ministro Simpertigue, encabezada por el abogado Felipe Lizama, presentó una cuestión previa, la que fue rechazada por unanimidad (110 votos). En ella, cuestionó la oportunidad del trámite y supuestas irregularidades procedimentales.
Al abordar el fondo, desestimó los capítulos acusatorios, señalando que los hechos controvertidos no serían base suficiente para una acusación constitucional. Negó, además, que eventuales vínculos con abogados hubiesen influido en decisiones jurisdiccionales y refutó cuestionamientos relativos a nombramientos notariales, precisando que el ministro no ostentaba el cargo al momento de concretarse ciertos nombramientos.
La presidenta de la comisión, Maite Orsini, respondió a la cuestión previa afirmando que la comisión resguardó el derecho a defensa, indicando que fue la propia defensa la que renunció a ejercerlo al ausentarse de sesiones. Asimismo, señaló que se revisaron más de cien antecedentes y que, a juicio de la comisión, no existió un malentendido, sino una conducta consciente frente al Congreso.
