La iniciativa busca reforzar la seguridad en el transporte público mediante pruebas periódicas a los conductores y ahora continuará su tramitación en el Senado
SANTIAGO, CHILE – La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que modifica la Ley de Tránsito, iniciativa conocida como “Ley Alberto”, que establece la obligación de realizar controles periódicos de alcohol y drogas a conductores del transporte de pasajeros, tanto público como privado. Tras su aprobación, el proyecto fue despachado a segundo trámite constitucional en el Senado.
La propuesta establece que los operadores de transporte público mayor deberán disponer en sus terminales de instrumentos de control para detectar consumo de alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas ilícitas por parte del personal de conducción.
De acuerdo con el texto aprobado, las empresas deberán aplicar estas pruebas cada cuatro meses a todos los conductores, las cuales se realizarán al inicio o antes del término de la jornada laboral y deberán ser financiadas por los propios prestadores del servicio.
La normativa contempla pruebas respiratorias u otros exámenes que permitan detectar la presencia de alcohol o drogas, manteniendo además las facultades de fiscalización de Carabineros para realizar controles en las vías públicas.
Durante el debate, parlamentarios señalaron que así como la legislación exige revisiones técnicas a los vehículos, también es necesario garantizar que quienes conducen transporte de pasajeros se encuentren en condiciones adecuadas para desempeñar su labor, considerando la responsabilidad que implica trasladar personas.
Registro obligatorio y sanciones
El proyecto también establece que las empresas deberán mantener un registro escrito y reservado sobre la realización de los test, indicando la periodicidad y la identificación del personal sometido a control.
Además, dicha información deberá ser remitida al Ministerio de Transportes dentro de los siete días posteriores a la aplicación de las pruebas.
En caso de incumplimiento, la Subsecretaría de Transportes podrá denunciar la situación ante el juzgado de policía local correspondiente, lo que podría derivar en multas que van desde 2 a 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes aproximadamente entre $140.000 y $699.000 por cada infracción verificada.
Origen de la iniciativa
El proyecto fue impulsado por la diputada Carolina Marzán y surge tras una serie de accidentes vinculados al consumo de drogas por parte de conductores, entre ellos el caso de Mauro Alberto Gómez, un joven de 14 años que falleció tras ser atropellado por un conductor que posteriormente dio positivo a cocaína.
Durante la discusión legislativa, la parlamentaria señaló que “este es un proyecto humano, de sentido común, que en realidad ni siquiera deberíamos estar legislando en nuestro país. La responsabilidad y la conducción de una persona al volante que lleva familias, que lleva vidas en sus manos, es fundamental”.
La iniciativa también contempla que el Ministerio de Transportes, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, deberá establecer mediante reglamento los procedimientos, periodicidad y criterios para la aplicación de los exámenes, resguardando además la protección de datos personales y la confidencialidad de los resultados.
Con su aprobación en la Cámara Baja, el proyecto continuará ahora su discusión en el Senado, como parte de su segundo trámite legislativo.
