La iniciativa crea un sistema de inteligencia económica para rastrear operaciones sospechosas vinculadas a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
SANTIAGO, CHILE – La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, iniciativa que incorpora nuevas herramientas para detectar operaciones financieras sospechosas vinculadas al crimen organizado, incluyendo facultades excepcionales para acceder a información protegida por secreto bancario.
El proyecto, iniciado por Mensaje del Ejecutivo, fue remitido al Senado para su tercer trámite constitucional y tiene como objetivo fortalecer la prevención y alerta frente a actividades ilícitas como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos económicos.
La normativa establece un sistema de coordinación entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, permitiendo intercambiar información y mejorar las capacidades de análisis para detectar movimientos financieros irregulares.
Asimismo, el proyecto contempla la creación de Unidades de Inteligencia y Análisis Económico en el SII y en Aduanas, con el fin de reforzar la investigación de operaciones sospechosas y seguir la ruta del dinero proveniente de actividades criminales.
Nuevas herramientas para seguir el dinero
Entre los mecanismos considerados por la iniciativa se incluyen el análisis de datos financieros, la trazabilidad de operaciones económicas y el intercambio de información entre organismos del Estado, medidas que buscan identificar redes criminales que utilizan el sistema económico para ocultar recursos ilícitos.
El texto también establece que los informes generados por el sistema de inteligencia económica no podrán ser utilizados directamente en procesos penales, con el objetivo de mantener separadas las funciones de análisis financiero e investigación judicial.
Debate por el secreto bancario
Durante la discusión en Sala, el levantamiento del secreto bancario fue uno de los puntos más debatidos. Algunos parlamentarios señalaron que contar con acceso a información financiera es clave para combatir el crimen organizado, ya que permite seguir el flujo de dinero proveniente de actividades ilícitas.
En ese contexto, se aclaró que esta facultad no apunta al ciudadano común ni implica una fiscalización masiva de las cuentas bancarias, sino que se aplicará en situaciones específicas vinculadas a operaciones sospechosas previamente reportadas.
Por su parte, otros legisladores plantearon la necesidad de resguardar los datos personales y garantizar que la implementación de la normativa respete los derechos de los ciudadanos, señalando que el combate al crimen organizado también debe considerar una adecuada protección de la información privada.
Acceso excepcional a información bancaria
La iniciativa aprobada establece que la Unidad de Análisis Financiero podrá solicitar directamente a los bancos información protegida por secreto bancario sin autorización judicial previa, pero solo de forma excepcional y cuando sea necesaria para analizar operaciones sospechosas previamente reportadas.
Esta facultad se aplicará cuando los antecedentes involucren personas jurídicas, funcionarios públicos o casos reportados por instituciones financieras relacionados con delitos de competencia de la UAF.
El proyecto también establece obligaciones de confidencialidad y reserva respecto de la información obtenida, además de la obligación de informar anualmente el número de veces que se haya ejercido esta facultad.
Durante el debate, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que las instituciones encargadas de perseguir delitos financieros han planteado la necesidad de contar con herramientas más robustas para enfrentar el crimen organizado, destacando que la Corte Suprema ha señalado que la ampliación de las facultades de la UAF mantiene un carácter restrictivo y resguarda el equilibrio entre seguridad pública y protección de datos.
En tanto, otras normas vinculadas al acceso a información protegida por secreto bancario —como las facultades para la Comisión para el Mercado Financiero— no alcanzaron el quórum requerido para su aprobación.
