Con el objetivo de dar una respuesta concreta a la creciente escasez de agua que afecta a las zonas rurales del país, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una modificación al Código de Aguas que busca simplificar los requisitos para la construcción de tranques agrícolas. Entre quienes respaldaron la medida se encuentra el diputado Benjamín Moreno, quien valoró el avance como un paso decisivo para enfrentar la crisis hídrica que golpea al mundo campesino.
La nueva normativa eleva los límites que exigen autorización de la Dirección General de Aguas (DGA) para tranques fuera de cauce, aumentando de 50.000 a 150.000 metros cúbicos la capacidad máxima permitida sin autorización previa, y de 5 a 7 metros la altura. Este cambio permitirá que más proyectos de almacenamiento de agua puedan ejecutarse sin someterse a largos procesos administrativos, siempre que cumplan con los estándares técnicos y de seguridad.
Además, se establece una obligación de notificación para embalses de menor tamaño construidos fuera de cauce. Los responsables deberán informar a la DGA dentro de los seis meses siguientes a la finalización de las obras, incluyendo la ubicación georreferenciada y los proyectos definitivos, con el fin de mantener actualizado el Catastro Público de Aguas.
El diputado Benjamín Moreno, representante de comunas rurales, señaló que la iniciativa responde a una necesidad urgente del sector agrícola. “La escasez hídrica no da tregua, y esta ley es un paso urgente y necesario para que nuestros agricultores puedan contar con herramientas concretas que les permitan enfrentar la sequía sin trabas burocráticas innecesarias”, afirmó.
También destacó que “facilita la construcción de tranques sin poner en riesgo el control del Estado, pero eliminando barreras absurdas que han impedido por años que los pequeños y medianos productores accedan al agua de manera oportuna y eficiente”.
Moreno enfatizó que este cambio normativo entrega mayor autonomía a los agricultores, permitiéndoles adaptarse a sus realidades locales sin depender de procesos centralizados. “Pasamos de exigir autorización desde los 50 mil a los 150 mil metros cúbicos en tranques fuera de cauce, lo que da más libertad para adaptarse y construir según las condiciones locales”, añadió.
Finalmente, sostuvo que esta ley no solo representa una mejora técnica en la gestión del recurso hídrico, sino que también constituye un acto de justicia territorial. “Las comunidades rurales han sostenido la agricultura chilena en condiciones cada vez más adversas. Voté a favor porque este es el tipo de políticas que hacen una diferencia real en el terreno”, concluyó.
