El parlamentario respaldó la iniciativa en general, aunque planteó reparos sobre la duración de las concesiones, plazos de ejecución y vacíos institucionales que podrían afectar proyectos estratégicos.
CHILE – El diputado Benjamín Moreno valoró el avance del proyecto de ley que regula el uso de agua de mar para desalinización, el cual se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional, destacando que la iniciativa apunta a fortalecer la institucionalidad hídrica del país frente a la creciente escasez de agua. No obstante, advirtió que el texto aún presenta riesgos para la inversión de largo plazo y la seguridad hídrica futura.
La propuesta legal contempla la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización, un régimen de concesiones de hasta 30 años renovables por una sola vez, la definición de servidumbres asociadas a la infraestructura y nuevas normas de fiscalización y sanciones. A juicio del parlamentario, se trata de un avance relevante, aunque requiere ajustes para evitar efectos contraproducentes en proyectos de gran envergadura.
Uno de los principales puntos de preocupación señalados por Moreno es la duración de las concesiones, que calificó como insuficiente para iniciativas de gran escala, especialmente en sectores como la minería, donde la vida útil de los proyectos puede superar los 60 años. Según indicó, este límite podría afectar la continuidad del suministro de agua desalinizada y desincentivar inversiones estratégicas.
El diputado también cuestionó la norma que establece la caducidad automática de las concesiones si las obras no se inician en un plazo de dos años, advirtiendo que este requisito no se ajusta a la realidad de proyectos multipropósito, los cuales requieren extensos procesos de ingeniería, permisos sectoriales y cierres financieros, lo que podría dejar fuera iniciativas clave tanto para el abastecimiento humano como productivo.
Otra observación apunta a la falta de claridad respecto de la autoridad permanente que estará a cargo de otorgar y fiscalizar las concesiones, función que actualmente recae de manera transitoria en el Ministerio de Defensa. Asimismo, el parlamentario cuestionó la exigencia de un plan de cierre adicional al ya contemplado en la legislación ambiental, señalando que ello implicaría duplicar trámites y costos innecesarios.
Pese a estos reparos, Benjamín Moreno confirmó que votará a favor en general del proyecto, manifestando su intención de impulsar modificaciones durante la discusión particular. En ese sentido, sostuvo que Chile requiere una ley moderna, flexible y realista, que facilite el desarrollo de infraestructura hídrica crítica y promueva nuevas fuentes de agua ante el escenario de estrés hídrico que enfrenta el país.
