Con 86 votos a favor, 46 en contra y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, aumentando las sanciones para menores de edad que cometan delitos violentos o de sangre. La iniciativa, de autoría del diputado Andrés Longton (RN), deberá volver a la Comisión de Constitución para el análisis de las indicaciones presentadas durante la sesión.
El proyecto propone aumentar las penas de internación cerrada hasta 10 años para adolescentes entre 14 y 16 años que participen en delitos como robo con secuestro, violación, homicidio simple o calificado. Actualmente, la normativa vigente permite sanciones de hasta cinco años para infractores entre 16 y 18 años, lo que ha sido cuestionado por diversos sectores ante el incremento de la violencia delictual.
Además, el texto establece que todos los procesos penales en los que participen adolescentes junto a adultos serán tratados bajo jurisdicción especializada juvenil. También considera sanciones adicionales en caso de fuga o incumplimiento del régimen cerrado, incluyendo la imposibilidad de solicitar beneficios por un período de seis meses a un año.
Imagen: Archivo Referencial
Diputado Hugo Rey defiende el proyecto y acusa «indolencia del Gobierno»
En contraste, el diputado por la Región del Maule, Hugo Rey Martínez (Ind. RN), votó a favor del proyecto y expresó su respaldo durante la sesión parlamentaria. En su intervención, señaló que se trata de una respuesta necesaria frente al aumento de delitos cometidos por menores:
“Hoy quiero defender con convicción el proyecto de ley que coloca mano dura al aumento de la violencia, que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos más graves cometidos por adolescentes. No estamos hablando de faltas menores, estamos hablando de homicidios, violaciones, secuestros y crímenes con uso de armas de fuego”, afirmó.
El parlamentario también cuestionó las declaraciones del ministro Gajardo, utilizando cifras del propio Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) del Gobierno:
“Los delitos cometidos por victimarios entre 14 y 17 años han aumentado cerca de un 20% entre 2019 y 2024. Más del 40% de los detenidos por encerronas son menores de edad. Los delitos sexuales casi se duplicaron en un año. El homicidio juvenil subió más de un 60%. Frente a esto no podemos seguir como si nada hubiera pasado”, agregó Rey.
El diputado sostuvo que el proyecto no criminaliza a la juventud, sino que establece límites claros ante delitos de extrema gravedad:
“El Estado ha fracasado en la reinserción juvenil real. Los programas son inestables, mal financiados, sin seguimiento efectivo. Este proyecto no se opone a la reinserción, la exige. Pero mientras no exista un sistema integral de justicia juvenil, no podemos dejar sin respuesta los delitos más atroces”.
Finalmente, el legislador concluyó:
“La responsabilidad, la justicia y la reinserción no son excluyentes. Este proyecto no le cierra la puerta a nadie, pero sí envía una señal clara: en Chile, incluso siendo adolescentes, ciertos límites no se pueden cruzar sin consecuencias”.
La tramitación del proyecto continuará en la Comisión de Constitución, donde se espera un debate más profundo respecto al enfoque punitivo versus reintegrador que debe asumir el Estado frente al delito juvenil.
