La iniciativa fue despachada al Senado y establece nuevas exigencias para acceder a subsidios, salud y educación, priorizando a ciudadanos nacionales.
SANTIAGO, CHILE – La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, con el objetivo de restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios fiscales y programas sociales.
La propuesta fue respaldada en general por 95 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones, mientras que en la votación particular de una de sus normas principales se obtuvo 83 votos a favor, 45 en contra y 22 abstenciones.
El proyecto establece que la inscripción de personas extranjeras en el Registro Social de Hogares requerirá una cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, condición que también será obligatoria para postular a beneficios financiados con recursos fiscales.
En el caso de subsidios económicos directos, como aportes monetarios, subsidios habitacionales o de arriendo, se exigirá además contar con residencia definitiva.
Asimismo, la iniciativa plantea que se deberá priorizar la atención en salud y el acceso al sistema educativo en favor de ciudadanos nacionales, frente a inmigrantes en condición irregular, manteniendo el resguardo de principios fundamentales establecidos en la legislación vigente.
Otro de los puntos del proyecto señala que no se podrá otorgar ningún tipo de número identificatorio, temporal o permanente, a personas que hayan ingresado al país por pasos no habilitados.
En sus fundamentos, la propuesta advierte un aumento superior al 3.000% en la población de inmigrantes irregulares entre 2018 y 2023, alcanzando más de 336 mil personas, según datos del INE y el Servicio Nacional de Migraciones.
El debate parlamentario incluyó diversas posturas. Algunos legisladores destacaron la necesidad de avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular, mientras que otros advirtieron sobre la importancia de no generar exclusión social, considerando la presencia de niños, mujeres embarazadas y grupos vulnerables dentro de la población migrante.
También se planteó que los flujos migratorios responden a factores estructurales como crisis políticas, económicas y humanitarias, difíciles de revertir en el corto plazo.
Por su parte, quienes respaldaron la iniciativa señalaron que busca establecer reglas claras en la asignación de beneficios sociales, resguardando la equidad en el acceso a recursos públicos y la sostenibilidad del sistema.
