El caso, ocurrido en el Hospital del Salvador, reactivó el debate por los criterios de priorización en la red pública y derivó en solicitudes de renuncia, anuncios de comisión investigadora y eventuales acciones ante la Fiscalía.
SANTIAGO, CHILE – La controversia por la denominada “cirugía express” practicada a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, escaló a nivel político luego de conocerse la muerte de un paciente cuya intervención fue postergada para dar paso a dicha operación, realizada en diciembre pasado en el Hospital del Salvador.
De acuerdo con los antecedentes disponibles, la paciente —una mujer de 87 años, madre de la Ministra— ingresó el 23 de diciembre al recinto asistencial por una fractura de cadera y fue intervenida poco más de 10 horas después. El plazo contrastó con los tiempos de espera habituales del sistema público. Registros internos del hospital consignaron que la resolución se adoptó por la vía administrativa, alterando el orden de procedimientos programados.
Si bien el hospital aseguró que la decisión no afectó la atención de otros usuarios, se confirmó que la cirugía obligó a postergar una reexploración de un paciente laparotomizado, es decir, una persona que había sido sometida a la apertura de la pared abdominal para un procedimiento médico. Dicho paciente falleció tres días después a causa de un shock séptico.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que la determinación no respondió a instrucciones externas y que las decisiones clínicas corresponden exclusivamente a los equipos médicos de cada establecimiento. Además, indicó que el Ejecutivo se remitía al informe público entregado por el hospital, sin contar con nuevos antecedentes que agregar.
La situación se instaló en un contexto marcado por las extensas listas de espera y el debate sobre los criterios de priorización en la red pública, lo que amplificó el impacto político del caso.
Solicitudes de renuncia y acciones anunciadas
La bancada de diputados del Partido Republicano solicitó la renuncia de la ministra Aguilera o, en su defecto, que el Presidente Gabriel Boric la remueva del cargo. El jefe de bancada, Juan Irarrázaval, señaló que “no nos parece correcto, ni digno de una secretaria de Estado que debe servir y no servirse de los recursos del Estado”.
Parlamentarios de oposición también anunciaron la conformación de una comisión investigadora y la presentación de denuncias ante la Fiscalía. En esa línea, el diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional, afirmó que existen versiones que apuntan a la postergación de cirugías similares a al menos 11 personas, situación que —a su juicio— requiere ser aclarada judicialmente.
Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, sostuvo que la ministra “no tiene que dar explicaciones como hija, sino responder como autoridad máxima del sistema de salud”. En tanto, el subjefe de bancada, Luis Fernando Sánchez, calificó el episodio como “impresentable”, enfatizando que la confianza pública se ve afectada cuando existen percepciones de trato desigual en el acceso a la atención.
Las críticas coincidieron en que el caso pone en cuestión la igualdad de trato dentro del sistema público de salud y el rol de las autoridades frente a eventuales privilegios, en un escenario donde miles de pacientes esperan intervenciones por largos periodos.
