Informe advierte que 181 personas concentran casi el 97% del monto y que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
SANTIAGO, CHILE – La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron apuestas en casinos por un total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025, pese a tener prohibición legal para efectuar este tipo de actividades.
El informe, identificado como CIC N° 20, establece que 181 funcionarios concentran el 96,8% del monto transaccionado, equivalente a $11.118.431.956, con casos individuales que superan los $1.000 millones, cifras que, según el organismo, no se condicen con el nivel de sus remuneraciones.
La investigación se basó en el cruce de datos entre registros de funcionarios que administran o custodian fondos públicos —quienes deben rendir caución— y los antecedentes de clientes de casinos proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
De acuerdo con la normativa vigente, específicamente el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995, estos funcionarios tienen prohibido participar en juegos de azar en casinos, lo que configura una eventual infracción administrativa.
El informe también identifica que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios de instituciones como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones, Tesorería General de la República y diversas municipalidades, incluyendo cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos. Solo los 20 mayores montos transados superan los $5.392 millones.
En cuanto a las acciones derivadas, la Contraloría informó que remitirá los antecedentes a la Superintendencia de Casinos de Juego, a fin de que ejerza sus facultades de fiscalización e instruya eventuales procedimientos sancionatorios. Asimismo, los datos serán enviados a los servicios públicos y municipalidades involucradas para iniciar procesos disciplinarios.
Adicionalmente, los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el objetivo de que evalúen posibles responsabilidades en el ámbito penal y civil.
Tras conocerse el informe, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) emitió un comunicado señalando que “observa estos hechos con la máxima seriedad”, destacando que cualquier conducta que contravenga la ley o la probidad administrativa “resulta incompatible con los principios institucionales”.
La institución agregó que realizará una revisión inmediata de los antecedentes, con el fin de determinar responsabilidades administrativas y aplicar eventuales medidas disciplinarias, asegurando además que “colaborará plenamente con los organismos competentes”.
Finalmente, la FACh reafirmó su compromiso con la probidad, la transparencia y el correcto ejercicio de la función pública, señalando que no amparará conductas que se aparten de la normativa vigente.
