La indagatoria busca establecer el destino de los niños y adolescentes, el financiamiento de los vuelos y eventuales responsabilidades de particulares y funcionarios públicos.
SANTIAGO, CHILE – El Ministerio Público inició una amplia investigación para determinar el paradero de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile durante 2025 a través de vuelos chárter, en medio de antecedentes que apuntan a posibles delitos de tráfico de menores, trata de personas y eventuales irregularidades en los controles migratorios.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego de detectar situaciones irregulares en vuelos provenientes de Haití que arribaron al país entre enero y octubre de 2025.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por Migraciones, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones, al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, ingresaron reiteradamente al país acompañando grupos de entre dos y 18 menores haitianos, pese a que no mantenían vínculos familiares o de consanguinidad con ellos.
La situación encendió las alarmas de las autoridades debido a que preliminarmente se estableció que varios de estos adultos tampoco contaban con autorizaciones legales para trasladar a los menores.
El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, calificó los antecedentes como “demasiado graves” y confirmó que la investigación busca determinar la eventual existencia de delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, soborno y cohecho.
“Particularmente nos interesa poder indagar si hay vuelos sin listado de pasajeros, vuelos sin evidencia o validación de adultos acompañantes y la existencia o no de autorizaciones de viaje de menores de edad”, señaló el persecutor.
Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es el destino actual de los menores que ingresaron al país bajo estas condiciones.
“Respecto al volumen de menores de edad afectados y que hoy se encuentran en paradero desconocido, el número de casos sería de aproximadamente más de 200 niños”, indicó Campos.
La Fiscalía también investiga quién financió los vuelos chárter utilizados para trasladar a los menores desde Haití hasta Chile y cuáles fueron las organizaciones o personas involucradas en la logística de estos viajes.
“Vamos a llegar aguas arriba donde tengamos que llegar. El Ministerio Público acá no tiene tapujo alguno respecto a las personas que pueden estar involucradas, sea cual fuere el grado”, afirmó el fiscal.
Dentro de las diligencias ordenadas figuran requerimientos de información al Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y otros organismos públicos y privados que pudieran aportar antecedentes relevantes.
La investigación también busca establecer si existieron omisiones deliberadas o eventuales pagos indebidos para facilitar el ingreso de menores al país sin los controles exigidos por la legislación vigente.
“Hay hechos que revisten carácter de delito desde el punto de vista de la trata de personas respecto de menores y también se deberá determinar la eventual participación de funcionarios públicos, ya sea por acción, omisión o por haber recibido algún tipo de beneficio económico”, explicó Campos.
El Servicio Nacional de Migraciones sostuvo en su denuncia que los antecedentes recopilados podrían configurar delitos reiterados de tráfico ilícito de migrantes y eventuales vulneraciones graves a los derechos de los menores involucrados.
La acción judicial también apunta a determinar posibles responsabilidades de aerolíneas, agencias de viajes y cualquier otra persona o entidad que hubiese participado en la organización de los traslados.
El caso generó reacciones a nivel político. A través de redes sociales, el Presidente José Antonio Kast calificó los antecedentes como “gravísimos” y comprometió la colaboración del Gobierno con la investigación.
“Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”, señaló el Mandatario.
La investigación se encuentra en pleno desarrollo y las autoridades no descartan nuevas diligencias para esclarecer el destino de los menores y determinar la eventual existencia de una red dedicada al traslado irregular de niños y adolescentes hacia Chile.
