En medio del escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas, nuevas revelaciones apuntan a que funcionarios públicos estarían renunciando voluntariamente para evitar sanciones administrativas, según un análisis publicado por Radio Biobío. Esta práctica, de comprobarse, podría comprometer la efectividad de los sumarios en curso y debilitar la capacidad del Estado para sancionar con rigor a quienes defraudan la fe pública.
El caso se originó tras un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica, sumando 36 mil permisos irregulares. La cifra incluye a trabajadores del Gobierno Central, municipalidades, universidades y empresas públicas.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que solo en la administración central se reportaron 8 mil funcionarios involucrados, de los cuales 6.592 ya se encuentran con sumarios administrativos activos, mientras que 272 casos ya estaban siendo investigados previamente. Sin embargo, una parte de los implicados ya no figura en las planillas institucionales.
Según Radio Biobío, tanto fuentes vinculadas a la Contraloría como abogados especializados en derecho administrativo advierten que algunos funcionarios estarían renunciando para evitar enfrentar los sumarios y eventuales sanciones, que podrían incluir su inhabilitación para trabajar en el aparato público por un periodo determinado.
Frente a esto, se ha planteado la necesidad de impedir la aceptación de estas renuncias mientras se inicia el proceso disciplinario. “Lo correcto sería no aceptar la renuncia una vez iniciado el sumario, de forma que la persona sea efectivamente investigada y, si corresponde, sancionada”, indican las fuentes citadas por la emisora.
El propio presidente Gabriel Boric, a través de su cuenta en la red social X, fue categórico:
“Todos quienes hayan hecho mal uso de licencias (o exista una sospecha fundada de ello) en el gobierno central deberán enfrentar un sumario. Sin excepciones. Esto independiente de la posibilidad de exigir renuncia inmediata a cargos de exclusiva confianza”.
Todos quienes hayan hecho mal uso de licencias (o exista una sospecha fundada de ello) en el gobierno central deberán enfrentar un sumario. Sin excepciones.
Esto independiente de la posibilidad de exigir renuncia inmediata a cargos de exclusiva confianza. https://t.co/XpIwITFOOX
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 28, 2025
La situación ha reactivado el debate sobre la modernización del Estado. Desde diversos sectores se reconoce que la falta de herramientas eficaces para prevenir y sancionar estas irregularidades refleja una debilidad institucional estructural. No obstante, avanzar en reformas profundas requeriría un acuerdo político transversal, dada la resistencia que podría surgir desde agrupaciones y militancias con intereses instalados en la administración pública.
Mientras tanto, desde el Congreso, la Contralora General continúa exponiendo los avances de la investigación, reiterando la urgencia de contar con mecanismos más eficientes para detectar y sancionar estas prácticas que deterioran la confianza ciudadana en el sector público.
