La iniciativa busca sancionar y registrar conductas que afectan la seguridad y la convivencia social. El proyecto contempla inscripciones de hasta cinco años para quienes sean condenados por actos vandálicos.
VALPARAÍSO, CHILE – El Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, iniciativa que forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Según señala el mensaje presidencial, la propuesta responde al aumento de la percepción de inseguridad y a la ocurrencia de conductas que afectan la convivencia social, estableciendo un sistema de registro para personas condenadas por determinados delitos e infracciones.
El proyecto presentado el lunes 16 de junio contempla la creación de un registro administrado por el Estado, donde quedarán incorporadas las personas sancionadas por una serie de actos catalogados como vandálicos o incivilidades.
La iniciativa se estructura en cuatro grandes áreas: la creación y funcionamiento del registro, las conductas que darán origen a la inscripción, los efectos derivados de formar parte de este sistema y las normas que regularán la duración, reincidencia y cancelación de las inscripciones.
Entre los actos vandálicos que podrían dar lugar a la incorporación al registro figuran delitos como atentados contra la autoridad, amenazas a fiscales, defensores públicos y carabineros, interrupción de la libre circulación en la vía pública, incendios, daños a bienes públicos, rayados no autorizados, usurpaciones, uso de artefactos explosivos o incendiarios, carreras clandestinas, tráfico de drogas y daños a monumentos nacionales, entre otros.
Asimismo, el proyecto incorpora una categoría de incivilidades, donde se consideran conductas como el consumo de alcohol en la vía pública, consumo de drogas en espacios públicos, depósito ilegal de escombros, evasión en el transporte público, elaboración de alimentos sin autorización municipal y la obstrucción de accesos a playas, ríos o lagos.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que no crea nuevos delitos, pero sí establece consecuencias adicionales para quienes resulten condenados por conductas ya sancionadas por la legislación vigente.
De acuerdo con el texto ingresado al Congreso, quienes sean incorporados al registro por actos vandálicos permanecerán inscritos durante cinco años, plazo que se reducirá a dos años en el caso de menores de edad.
Además, la reincidencia implicará la extensión de la permanencia en el registro por un año adicional cada vez que una persona vuelva a ser sancionada por alguna de las conductas contempladas.
El proyecto también contempla la incorporación de personas sancionadas por resoluciones emanadas de los Juzgados de Policía Local y de los Juzgados de Garantía, estableciendo distintos mecanismos según la gravedad de los hechos.
La presentación de la iniciativa generó reacciones en el ámbito político. Mientras el Gobierno sostiene que la medida fortalecerá la seguridad pública y contribuirá a combatir conductas que deterioran los espacios comunes, sectores de oposición han manifestado cuestionamientos respecto de la amplitud de las conductas incluidas y la proporcionalidad de algunas sanciones.
Entre los principales reparos planteados figura la escasa diferenciación entre infracciones menores y delitos de mayor gravedad, considerando que el registro podría incorporar desde autores de rayados en bienes públicos hasta responsables de agresiones a funcionarios públicos o delitos violentos.
La iniciativa comenzará ahora su tramitación legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde deberá ser discutida por las comisiones correspondientes antes de ser sometida a votación.
