Debate combina criterios de gestión y cuestionamientos por situación personal de la exautoridad, en medio de solicitudes para reconsiderar la medida
CHILE – La solicitud de renuncia a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, ha generado una creciente controversia política, marcada por cuestionamientos desde el Congreso y la defensa de la medida por parte del presidente José Antonio Kast, quien atribuyó la decisión a criterios de gestión y confianza, pese a reconocer su impacto humano.
La situación ocurre mientras la exdirectora enfrenta un tratamiento médico, lo que motivó a la diputada Andrea Parra, junto a parlamentarios del PPD e independientes, a oficiar al Ministerio de la Mujer solicitando antecedentes técnicos y jurídicos que justifiquen la desvinculación, además de instar a reconsiderar la medida.
En el oficio, se pidió aclarar si se evaluaron alternativas que permitieran compatibilizar la continuidad del servicio con la situación personal de la funcionaria. “Se deben conocer los criterios adoptados, especialmente en relación con las circunstancias de salud involucradas”, se indica.
La diputada Parra también realizó un llamado directo al Ejecutivo. “Las ideologías no pueden estar por sobre la dignidad y la salud de las personas. Aún están a tiempo de enmendar esta decisión”, sostuvo.
Desde el Gobierno, se confirmó que Priscilla Carrasco cesó en sus funciones como directora nacional del SernamEG, cargo que ocupaba desde agosto de 2022, siendo reemplazada de forma subrogante por Felipe Díaz Rain.
El presidente José Antonio Kast abordó la polémica, reconociendo la dimensión humana del caso. “Es un hecho lamentable, porque afecta la parte humana de una persona”, señaló, agregando que el Ejecutivo está disponible para colaborar en aspectos relacionados con su situación personal.
No obstante, el mandatario defendió la decisión. “Tenemos que asumir con responsabilidad la gestión de gobierno. Esta decisión responde a razones de confianza y funcionamiento del servicio”, afirmó.
Asimismo, indicó que la determinación se sustenta en antecedentes derivados de una auditoría interna que habría detectado “deficiencias”, los cuales serán informados progresivamente.
En paralelo, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, manifestó su rechazo a la medida, mientras que desde el Congreso se advirtió que, de mantenerse la decisión, se solicitará la comparecencia de la ministra Judith Marín para explicar sus fundamentos ante la Comisión de Mujeres.
El caso continúa generando debate, al tensionar criterios administrativos con consideraciones éticas, en un escenario donde se espera mayor claridad por parte de las autoridades.
