La Sala del Senado, por unanimidad y por mayoría en aspectos específicos, aprobó ayer la nueva Ley Antiterrorista, una legislación diseñada para modernizar y fortalecer los mecanismos de lucha contra el terrorismo en el país.
La aprobación incluyó gran parte de la nueva ley por unanimidad, y cuatro aspectos específicos por mayoría. Con este respaldo significativo, el proyecto ahora avanzará a la Cámara de Diputados para su segundo trámite legislativo.
Principales Cambios Introducidos:
Sanciones Rigurosas: La ley establece penas de presidio mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día a 10 años) para quienes participen en asociaciones terroristas. Las penas se agravan dependiendo del rol del individuo dentro de la organización, ya sea como reclutador, fundador, financista, o jefe.
Ampliación de Definiciones: Se considera delito terrorista incluso para aquellos que no pertenezcan a una asociación, siempre que el acto busque socavar las estructuras del Estado, influir en decisiones gubernamentales, o desmoralizar a la población.
Facultades Investigativas Especiales: El proyecto faculta al Fiscal del Ministerio Público, con autorización judicial previa, a intervenir redes de telefonía o transmisión de datos móviles en investigaciones de actos terroristas.
Consecuencias para Empleados Públicos: Si un empleado público comete un acto terrorista en función de su cargo, se enfrentará a penas aumentadas y a inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos públicos.
Con estos cambios, la nueva Ley Antiterrorista busca no solo castigar, sino también prevenir la formación y operación de grupos terroristas, protegiendo así la seguridad nacional y el bienestar de la ciudadanía.
El proyecto será discutido próximamente en la Cámara de Diputados, donde se espera que continúe el debate en torno a las medidas propuestas y su implementación.
