Exadministrador municipal y exalcalde reciben penas de cárcel, millonarias multas e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
SAN FERNANDO, REGIÓN DE O’HIGGINS – El Juzgado de Garantía de San Fernando dictó sentencia definitiva contra Pablo Andrés Bravo Cruz, exadministrador municipal, y el exalcalde Luis Berwart Araya, en el marco del denominado caso Cormusaf, estableciendo penas de cárcel efectiva, sanciones económicas e inhabilitaciones de carácter perpetuo por delitos de corrupción.
Durante la audiencia de lectura de sentencia, encabezada por el magistrado Eric Fabián Ríos Leiva, se resolvió condenar a Bravo Cruz como autor de delitos consumados y reiterados de fraude al fisco y soborno, imponiéndole una pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo.
La instancia, realizada vía videoconferencia desde las 09:01 horas, contó con la participación del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde se dio lectura a la parte resolutiva del fallo.
En materia económica, el tribunal fijó una multa de $960.613.481, de la cual se descontarán $10 millones ya consignados por el condenado en 2022.
Asimismo, la sentencia establece severas sanciones accesorias: inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y derechos políticos, además de la prohibición perpetua de desempeñarse en empresas que contraten con el Estado.
En cuanto al cumplimiento de la pena, el tribunal reconoció un abono de 1.567 días, equivalentes a más de cuatro años bajo medidas cautelares privativas de libertad.
Pese al fallo, la defensa de Bravo Cruz, representada por la abogada Carolina Alvarado Cisternas, optó por no renunciar a los plazos legales para recurrir, por lo que se fijó una nueva audiencia para el lunes 6 de abril de 2026, instancia en la que se discutirá el cumplimiento de la pena, eventualmente en el Centro de Detención Preventiva de Peumo.
En paralelo, el Tribunal Oral en lo Penal dictó sentencia contra el exalcalde Luis Berwart Araya, quien fue condenado a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, junto a una multa superior a $900 millones y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De acuerdo con la resolución, Berwart deberá cumplir su condena en la cárcel de Peumo.
