Sentencia incluye robo con violencia, intimidación, daños y hurto cometidos entre 2023 y 2024
SAN FERNANDO, REGIÓN DE O’HIGGINS – El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando dictó una pena única de 12 años de presidio efectivo contra Ignacio Antonio Contreras Núñez, declarado autor de robos con violencia, robo con intimidación, robo en lugar no habitado, hurto y daños. Los delitos fueron cometidos entre mayo de 2023 y agosto de 2024 en distintos sectores de la comuna.
El fallo, emitido de manera unánime por los magistrados Marisol López Machuca, Cristóbal Ávila Mora y Marcela Yáñez Cabello, también estableció las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, el 11 de mayo de 2023, alrededor de las 19:55 horas, el condenado ingresó junto a otro sujeto al Supermercado Erbi, donde intimidó con un arma a la encargada del local para sustraer dinero en efectivo y teléfonos celulares pertenecientes a trabajadores.
Posteriormente, el 14 de marzo de 2024, alrededor de las 03:38 horas, Contreras ingresó a un establecimiento comercial utilizando un diablo metálico para forzar el acceso, apropiándose de diversas especies, entre ellas una máquina de café, jamones y cajetillas de cigarros.
Otro hecho quedó acreditado el 29 de abril de 2024, a las 12:15 horas, cuando el condenado sustrajo tres teléfonos celulares desde la cabina de un camión Essbio, aprovechando que sus ocupantes se encontraban trabajando en terreno.
Finalmente, el 3 de agosto de 2024, en el sector de la población San Hernán, el imputado participó en un falso acuerdo de compraventa de joyas, instancia en la que él y otros sujetos utilizaron armas blancas y un arma aparentemente de fuego para intimidar a dos víctimas, sustraer joyas y dinero, ocasionando además lesiones leves y daños al vehículo en que se trasladaban.
Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para su incorporación en el Registro Nacional de ADN.
