Tribunal Oral en lo Penal estableció que el condenado sustrajo cerca de 22 millones de pesos desde una caja fuerte al interior de un domicilio particular en diciembre de 2023.
SANTA CRUZ, REGIÓN DE O’HIGGINS – El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz condenó a Víctor Arturo Martínez Ávila a la pena de seis años de presidio efectivo como autor del delito consumado de robo en lugar destinado a la habitación, hecho ocurrido en la comuna en diciembre de 2023.
En fallo unánime, los magistrados impusieron además las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
De acuerdo con lo establecido en la sentencia, durante la mañana del 1 de diciembre de 2023, el condenado ingresó a una vivienda de la comuna de Santa Cruz habitada por la víctima y su grupo familiar. Para concretar el delito, accedió al inmueble a través de una ventana y se dirigió hasta una caja fuerte que se encontraba asegurada.
Según acreditó el tribunal, Martínez Ávila utilizó fuerza para abrir la caja fuerte y sustrajo aproximadamente 22 millones de pesos en efectivo, dinero perteneciente a la víctima, para posteriormente huir del lugar con las especies en su poder.
En la resolución, el tribunal señaló que el delito corresponde a robo en lugar destinado a la habitación, contemplado en el artículo 440 N.º 1 del Código Penal, encontrándose en grado de desarrollo consumado.
Al momento de fijar la pena, los jueces consideraron que una parte importante del dinero sustraído no pudo ser recuperada, situación que afectó directamente los planes de la víctima para mejorar las condiciones habitacionales de su familia.
“Considerando que el mal causado por el delito, que parte importante de lo sustraído no pudo ser recuperado, frustrando de este modo el sueño de infancia de la víctima en orden a mejorar las condiciones habitacionales de su familia, concurriendo dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, es que se impondrá la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo”, señala el fallo.
Asimismo, una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados.
