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Alza de tarifas en transporte publico generan dudas por posible incumplimiento de la ley

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Reajustes impulsados por el aumento de combustibles se replican en regiones como el Maule, donde casos evidencian anuncios con escasa anticipación

CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE – El reciente incremento en las tarifas del transporte público de pasajeros a nivel nacional, impulsado por el alza sostenida en los combustibles, ha generado cuestionamientos respecto del cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en lo referido a los plazos de aviso a usuarios.

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A nivel país, distintas empresas han comenzado a ajustar sus tarifas durante marzo, trasladando parte de los costos operacionales a los pasajeros. No obstante, la forma en que estos reajustes han sido comunicados ha abierto un debate sobre su apego al marco legal.

Lo que establece la normativa

El artículo 41 bis del Decreto Supremo N°212 del Ministerio de Transportes señala expresamente:

“El valor de la tarifa, así como cualquier incremento del mismo, deberá ser comunicado por escrito a la Secretaría Regional respectiva con una anticipación de, a lo menos, 30 días corridos antes de su entrada en vigencia. Con el mismo plazo, el responsable del servicio deberá comunicar a los usuarios dicha variación mediante medios escritos exhibidos en un lugar visible al interior de los vehículos (…) En todo caso, el Secretario Regional respectivo podrá reducir el plazo de 30 días (…) hasta un mínimo de 15 días corridos.”

La normativa establece, por tanto, que los aumentos deben ser informados con 30 días de anticipación, plazo que puede reducirse excepcionalmente a 15 días por autorización de la autoridad competente.

Casos en la Región del Maule

En el Maule, diversas empresas han informado alzas con plazos considerablemente menores:

Estos casos reflejan anuncios con entre 0 y 5 días de anticipación, lo que contrasta con los plazos establecidos en la normativa.

Forma de comunicar las tarifas

La ley también establece que las empresas deben informar los cambios mediante avisos escritos visibles al interior de los vehículos, prohibiendo expresamente la utilización de anuncios en parabrisas o vidrios, además de comunicar formalmente a la autoridad regional.

Situación en evaluación

Hasta ahora, se desconoce si la Secretaría Regional Ministerial de Transportes autorizó una eventual reducción de los plazos, lo que resulta clave para determinar si los reajustes se ajustan o no a la normativa vigente.

En ese contexto, el escenario actual plantea dudas sobre el cumplimiento de la regulación en algunos servicios, en medio de un proceso de alzas que afecta directamente a miles de usuarios del transporte público en el país.

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