El municipio aseguró que la continuidad del servicio educativo está garantizada, mientras el abogado de apoderadas sostiene que la comunidad escolar no fue informada oportunamente y que existen posibles vulneraciones de derechos.
CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE – Durante la jornada del lunes 15 de diciembre, se informó que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de protección interpuesto por cuatro apoderadas de la Escuela República del Brasil de Curicó, con el objetivo de evitar la fusión del establecimiento, cuestionando la forma en que se habría elaborado el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM 2026).
La acción judicial fue presentada en contra del alcalde de Curicó, George Bordachar, por presuntos actos ilegales y arbitrarios, vinculados —según el recurso— a la elaboración y tramitación del PADEM 2026 sin participación ni consulta a la comunidad escolar, sin comunicación oportuna por canales oficiales y sin respetar los plazos establecidos para su aprobación e implementación.
De acuerdo con lo resuelto por el tribunal de alzada, los antecedentes expuestos darían cuenta de una eventual vulneración de derechos fundamentales de estudiantes, en particular de niñas de enseñanza básica con necesidades educativas especiales, algunas en proceso de evaluación por Trastorno del Espectro Autista (TEA) o TDAH, y otras con diagnósticos confirmados de TEA, Trastorno de Integración Sensorial, Trastorno de Conducta Alimentaria y Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA).
Comunicado del DAEM Curicó
Este martes 16 de diciembre, el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Curicó emitió un comunicado público, en el que abordó la controversia surgida en torno a la fusión de las Escuelas Brasil y Ernesto Castro Arellano.
En el documento, el DAEM señaló que la fusión se hará efectiva a partir de marzo de 2026, conforme a lo establecido en el PADEM 2026, el cual fue debidamente aprobado por el Concejo Municipal. Asimismo, indicó que esta medida se encuentra amparada por la normativa educacional vigente y que el proyecto ha sido trabajado con conocimiento del Ministerio de Educación, contando con el respaldo de la Secretaría Regional Ministerial del Maule.
El organismo municipal también informó que la Escuela Brasil presenta deficiencias estructurales, motivo por el cual existe un Proyecto de Emergencia próximo a ejecutarse, orientado a mejorar condiciones de seguridad, bienestar y dignidad para estudiantes, docentes y asistentes de la educación. En ese contexto, el DAEM sostuvo que mantener el funcionamiento del establecimiento en su estado actual sería riesgoso, haciendo necesaria su desocupación.
En el comunicado se enfatiza que no ejecutar mejoras de infraestructura ni ofrecer una alternativa educativa implicaría vulnerar los derechos de los estudiantes, asegurando que dichos derechos estarían siendo resguardados mediante la medida incorporada en el PADEM 2026. Además, se comprometió un acompañamiento permanente para garantizar una educación de calidad en espacios adecuados.
Finalmente, el DAEM lamentó la difusión de información imprecisa en redes sociales y medios de comunicación, reiterando que la continuidad del servicio educativo está plenamente asegurada.
Abogado de apoderadas cuestiona falta de información
Consultado por este medio, Marcelo Barrios Orellana, abogado que representa a las alumnas y apoderadas recurrentes, aclaró que nunca se ha sostenido que el municipio carezca de autorizaciones, sino que la comunidad educativa no habría tenido conocimiento oficial de ellas ni habría sido informada dentro de los plazos correspondientes.
El profesional indicó que, según lo expuesto en el recurso, ni el director del establecimiento, ni docentes, ni apoderadas, ni alumnas habrían sido informados formalmente sobre la fusión, señalando que la información conocida hasta ahora se habría difundido principalmente por redes sociales, tras lo ocurrido en el Concejo Municipal.
Barrios explicó que la Corte otorgó un plazo de ocho días al alcalde de Curicó y a la Dirección Provincial de Educación para acompañar los antecedentes respectivos. En caso de que estos acrediten el cumplimiento de la normativa, el recurso podría ser rechazado.
El abogado sostuvo que la preocupación central apunta a la situación de niñas con necesidades educativas especiales, advirtiendo que un cambio abrupto de establecimiento, sin información clara sobre infraestructura, equipo docente y programas de integración escolar, podría afectar gravemente sus procesos de aprendizaje y bienestar emocional.
Asimismo, cuestionó que la comunidad escolar se haya enterado recién el 14 de noviembre, en un periodo cercano al cierre del año académico, lo que —según indicó— genera incertidumbre y perjuicios familiares. En ese sentido, recalcó que el recurso busca resguardar los derechos de las estudiantes, dejando en manos del tribunal la verificación del cumplimiento normativo por parte de la autoridad.
