La Contraloría General de la República emitió un instructivo dirigido a todas las entidades del aparato público, con el objetivo de fortalecer el seguimiento y control de los sumarios administrativos vinculados al uso irregular de licencias médicas, conforme al noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC).
El documento busca “determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas en cada uno de los casos detectados”, señalando que corresponde a las autoridades respectivas decidir si instruyen uno o más procedimientos disciplinarios, según la magnitud de los hechos y los funcionarios involucrados.
En este contexto, el diputado por la Región del Maule, Benjamín Moreno, ofició a los 30 municipios de la región —sin distinción política— solicitando antecedentes detallados sobre las licencias médicas emitidas. La petición incluye datos como tipo de licencia, fechas de inicio y término, grado o escalafón del funcionario y las gestiones de cobro realizadas por los municipios para recuperar los fondos correspondientes.
Moreno puso especial énfasis en los antecedentes que indicarían que, durante la administración del exalcalde de Curicó, Javier Muñoz, el municipio habría dejado prescribir el cobro de más de $3.700 millones por concepto de licencias médicas, fondos que debieron ser reembolsados por Fonasa, Isapres o Cajas de Compensación.
Cuando un funcionario municipal presenta una licencia médica, el municipio, como empleador, debe seguir un procedimiento para recuperar los montos correspondientes al Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL). Aunque el funcionario no recibe el subsidio directamente, el municipio paga el salario íntegro y debe gestionar el reintegro con las entidades previsionales. Si la licencia es rechazada, el trabajador eventualmente debe devolver esos recursos al municipio. Según lo expuesto por el parlamentario, esta gestión no se habría realizado durante la administración anterior en Curicó, lo que habría provocado la pérdida irreversible de fondos municipales.
“Estamos frente a un hecho gravísimo donde no se habrían recuperado fondos que pertenecían a todos los curicanos. Recursos que pudieron haberse destinado a salud, educación o programas sociales”, expresó Moreno, quien advirtió que la situación podría replicarse en otras comunas del Maule. En caso de detectar más irregularidades, no descarta acudir nuevamente a la Contraloría.
Como parte del instructivo emitido por el ente contralor, se establece que:
- La persona designada como fiscal no debe mantener relación de subordinación o dependencia con los funcionarios investigados.
- Los funcionarios estarán obligados a prestar colaboración durante el desarrollo del proceso.
- El fiscal deberá contar, entre otros antecedentes, con la certificación oficial de la Policía de Investigaciones sobre la fecha de entrada y salida del país de los investigados, si corresponde.
- Los sumarios deberán garantizar un debido proceso, entendiendo este como un procedimiento racional y justo, que respete el derecho de defensa y contradicción de todas las personas afectadas.
- Los actos administrativos que dispongan sobreseimientos, absoluciones o medidas disciplinarias estarán afectos a toma de razón por parte de la Contraloría.
- El inculpado podrá ejercer su derecho a reclamo ante el organismo contralor.
Finalmente, con el objetivo de mejorar el monitoreo, la trazabilidad y la supervisión de estos procedimientos, la Contraloría anunció la implementación del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD). Esta plataforma digital establece una política de colaboración entre la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría y las unidades de Auditoría Interna, Direcciones de Control o encargados de Control Interno de los servicios fiscalizados. Cada entidad deberá designar dos contrapartes titulares y sus respectivos subrogantes, responsables de subir al sistema los actos administrativos y toda la documentación relacionada a cada proceso.
