El diputado Benjamín Moreno, junto al abogado Juan Eduardo Guzmán, ingresaron una denuncia formal ante la Contraloría General de la República en contra del exalcalde de Curicó, Javier Muñoz, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación del servicio de medios de comunicación correspondiente al período diciembre de 2023 a diciembre de 2024.
La denuncia apunta directamente al Decreto Alcaldicio Nº 5.547, que autorizó la contratación por más de un año de un servicio de difusión multiplataforma —incluyendo medios radiales, redes sociales y televisión— para comunicar contenidos municipales. Según los antecedentes presentados, el proceso se habría iniciado antes de contar con la aprobación formal del entonces alcalde, lo que contravendría los principios elementales del procedimiento administrativo.
Uno de los aspectos más controvertidos, según lo señalado por el parlamentario, es la inclusión en las bases técnicas de requisitos que habrían limitado gravemente la libre competencia, destacando la exigencia de que los oferentes contaran con una red social con más de 500 mil seguidores, condición que —según el análisis— solo cumplía el medio finalmente adjudicado. Para el diputado Moreno, esto constituye un “traje a la medida” que vulnera los principios de igualdad y transparencia en la contratación pública.
“Esto constituye una barrera artificial de entrada y una afectación al principio de igualdad ante la ley en los procesos de licitación”, afirmó.
La denuncia también advierte la omisión de cláusulas de multa por incumplimientos, lo que imposibilitaría sancionar deficiencias en la prestación del servicio contratado. Esta situación, a juicio del legislador, evidencia “una grave falta de preocupación por el correcto uso de los recursos públicos” y debilita los mecanismos de control y fiscalización.
Otro punto relevante del escrito presentado a Contraloría tiene relación con la extensión territorial del servicio contratado, el cual abarca toda la Región del Maule, y no solo la comuna de Curicó. Esto, señala Moreno, implicaría un uso desproporcionado de fondos públicos, particularmente preocupante en un contexto preelectoral, dado que el exalcalde ha manifestado públicamente su intención de postular al Congreso Nacional.
“Todo apunta a que esta licitación no tenía como fin informar a la comunidad, sino promover su figura personal con miras a una futura candidatura parlamentaria. Lo más grave es que lo habría hecho utilizando recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, en un acto que pone en entredicho no solo la probidad, sino también el respeto por el deber público y la confianza de los curicanos”, expresó el diputado.
En ese contexto, el parlamentario solicitó a la Contraloría que investigue los hechos, determine las responsabilidades administrativas correspondientes, y deje sin efecto la licitación cuestionada, en resguardo de la legalidad, la probidad administrativa y el uso eficiente de los recursos públicos.
