Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló preocupantes falencias en el registro de funcionarios municipales en todo el país, evidenciando la existencia de miles de trabajadores no inscritos en los sistemas oficiales, situación que ha sido calificada por expertos como un indicio de posibles «funcionarios fantasma».
De acuerdo con el documento, elaborado con datos obtenidos del Servicio de Impuestos Internos (SII), se detectó que uno de cada cinco trabajadores de la administración municipal no figura en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), plataforma obligatoria que permite el monitoreo y control del personal en el sector público.
En total, más de 106 mil funcionarios a nivel nacional estarían en esta situación irregular. Entre las comunas más afectadas, Curicó figura en el Top 20 con una alta cantidad de personas que no fueron registradas ante la Contraloría, lo que constituye una grave falta al principio de transparencia y a la legalidad en la administración pública.
Lo más alarmante es que Curicó se encuentra dentro del grupo de 10 comunas que no entregaron información al Plan Nacional de Monitoreo y Control Municipal, pese a la obligación legal establecida por la Ley N°18.695. Esto implica no solo un incumplimiento de los deberes administrativos, sino también una falta de colaboración con el órgano fiscalizador.
Junto a Curicó, otras comunas como Santiago, El Bosque, Puerto Montt, Coronel, Tomé, Alto Hospicio, Lebu, Santa Bárbara y Chiguayante también integran esta lista, consolidando un escenario nacional marcado por la opacidad y las deficiencias en el control del personal municipal.
El informe también señala que, aunque 231 de los 345 municipios del país cumplieron con la entrega de información requerida, cerca del 43% de los actos administrativos reportados no se encuentran asentados en la plataforma SIAPER, lo que debilita los mecanismos de control y fiscalización.
La situación se da a conocer cuando se cumplen cinco meses desde que asumieron los nuevos alcaldes tras las elecciones del pasado 6 de diciembre de 2024, contexto en el cual la Contraloría ha intensificado su trabajo para identificar prácticas irregulares heredadas o mantenidas por las actuales administraciones.
Desde distintos sectores se ha solicitado que las municipalidades involucradas, especialmente aquellas que se negaron a entregar información, entreguen explicaciones públicas y adopten medidas correctivas de forma urgente.
