Informe del organismo fiscalizador detectó pagos de remuneraciones y bonos mientras el funcionario se encontraba bajo prisión preventiva y arresto domiciliario en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco.
LINARES, REGIÓN DEL MAULE – La Contraloría General de la República ordenó al director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Linares, John Sancho, reintegrar $22.648.367 en remuneraciones que percibió mientras se encontraba privado de libertad, situación detectada en el Informe Final N°444 del organismo fiscalizador.
El documento se elaboró tras una presentación realizada en noviembre de 2024 por la diputada Consuelo Veloso, quien solicitó revisar los pagos de sueldos y horas extraordinarias dentro del municipio.
De acuerdo con el informe, el funcionario recibió su sueldo íntegro entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, periodo en el que permanecía bajo prisión preventiva y posteriormente con arresto domiciliario, en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco.
Durante esos meses, además, Sancho percibió bonos de Mejoramiento de Gestión cercanos a los $5 millones, pagos que la Contraloría calificó como improcedentes.
Frente a estos antecedentes, el organismo fiscalizador ordenó el reintegro de los recursos en un plazo de 30 días hábiles, instruyó sumarios administrativos y remitió los antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social para su revisión.
Observaciones por horas extraordinarias
El informe también detectó otras irregularidades en la gestión municipal. Según lo consignado por la Contraloría, durante 2024 la Municipalidad de Linares pagó más de $610 millones en horas extraordinarias.
En una revisión parcial de $102 millones, el ente fiscalizador comprobó cerca de 700 horas indebidas pagadas, además de constatar que al menos diez funcionarios superaron el límite legal mensual de horas extras y que el sistema registró más de 160 irregularidades en el control de asistencia.
Tras conocerse el informe, la diputada Consuelo Veloso señaló que realizará seguimiento al cumplimiento de las medidas ordenadas. “Estaremos vigilantes para que estos recursos sean reintegrados. La política no puede transformarse en un espacio para servirse del Estado”, afirmó.
La parlamentaria recordó además que John Sancho y el alcalde de Linares, Mario Meza, figuran como imputados por fraude al fisco reiterado en la investigación del denominado Caso Cloro, causa que indaga compras con presuntos sobreprecios durante la pandemia por cerca de $200 millones.
Las diligencias administrativas y judiciales relacionadas con estos hechos continúan en desarrollo.
