Nueva normativa redefine atribuciones, incorpora tecnologías y amplía la coordinación entre municipios, gobiernos regionales y Carabineros
VALPARAÍSO, CHILE – La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las enmiendas realizadas por el Senado y despachó a ley el proyecto que fortalece la institucionalidad vinculada a la seguridad municipal y la prevención del delito. La iniciativa establece nuevos mecanismos de coordinación comunal, actualiza atribuciones y fija un marco regulatorio que ordena el trabajo preventivo a nivel local.
El nuevo texto incorpora un título especial destinado a definir el rol de las municipalidades en seguridad pública, estableciendo principios, obligaciones y ámbitos de acción que deberán ser coordinados con el Ministerio de Seguridad Pública. Además, ordena diseñar estrategias basadas en prevención social, comunitaria y situacional, utilizando indicadores técnicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La normativa también contempla la participación de los gobiernos regionales, los cuales podrán apoyar la elaboración e implementación de los planes comunales de seguridad pública, incluso con financiamiento directo para acciones contenidas en dichos instrumentos.
Otro de los cambios relevantes es la incorporación de un artículo que regula las funciones de la o el director de seguridad pública comunal, definido como el encargado de coordinar acciones preventivas, orientar a la comunidad y colaborar en la atención a víctimas.
Entre las innovaciones tecnológicas, el proyecto habilita el uso de televigilancia, aeronaves pilotadas a distancia, luminarias inteligentes y plataformas de análisis de datos, herramientas que solo podrán utilizarse con fines preventivos y bajo estrictos estándares de protección de información. Los dispositivos deberán captar únicamente imágenes y quedar registrados ante el Ministerio Público y Carabineros para resguardar la coordinación operativa.
Además, la norma permite implementar sistemas de alerta ciudadana y herramientas de análisis de datos desarrolladas por privados, siempre que su contratación se ajuste a la Ley de Compras Públicas. La información generada por estas plataformas deberá remitirse a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a las instituciones policiales para apoyar la toma de decisiones locales.
El proyecto fortalece también la gobernanza local mediante la actualización de los consejos comunales e intercomunales de seguridad, ampliando sus atribuciones e incorporando a nuevos actores. En el Consejo Comunal de Seguridad Pública, se suma la secretaría regional ministerial de seguridad pública y se reconoce la posibilidad de regular aspectos internos mediante acuerdos formales.
Asimismo, el plan comunal de seguridad deberá ajustarse a las características propias de cada territorio, considerando presupuesto, población, geografía y problemáticas específicas. Podrá incluir medidas de atención a víctimas, rehabilitación de consumo de alcohol y drogas, mejoramiento urbano, entre otras. Los municipios estarán obligados a publicar en sus sitios web el avance en los compromisos institucionales asumidos.
En paralelo, se establecen requisitos más estrictos para las organizaciones comunitarias dedicadas a la prevención del delito. Ninguno de sus integrantes podrá tener condenas por violencia intrafamiliar ni sanciones asociadas a la Ley de Seguridad en los Estadios. Se prohíbe expresamente la autotutela y el porte de armas, con el fin de evitar confusiones con las atribuciones de las inspectoras e inspectores municipales. La Subsecretaría llevará un registro público actualizado de estas organizaciones, resguardando datos personales.
Durante el debate, parlamentarias y parlamentarios destacaron que la iniciativa responde a una demanda creciente por robustecer la seguridad municipal, reforzar la colaboración con Carabineros y ordenar el uso de nuevas tecnologías preventivas. También valoraron la inclusión de equipamiento de protección y dispositivos defensivos no letales para funcionarios municipales, bajo regulación especial y sin alterar las funciones propias de las policías.
Intervenciones del hemiciclo subrayaron la necesidad de mayores recursos para los más de 300 municipios del país, con el fin de profesionalizar los equipos locales y apoyar la descentralización. Coincidieron en que el trabajo conjunto entre gobiernos regionales, la Subsecretaría de Prevención del Delito y las municipalidades será clave para la implementación del nuevo marco legal.
