La investigación de la fiscalía regional de O’Higgins contra Juan Ramón Godoy Muñoz, exmiembro del PS y actual alcalde de Rancagua, continúa ganando terreno al sumar nuevas evidencias y diligencias. Con la formalización de Godoy prevista para el próximo 9 de abril, el caso adquiere nuevas dimensiones tras revelaciones de Reportajes T13 que arrojan luz sobre presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y lavado de activos.
Este complejo escenario judicial se complica aún más con el descubrimiento de actividades ilícitas, incluyendo acusaciones de fiestas con drogas y prostitución, así como la compra de un paquete turístico a Lima, cuestionando la integridad del funcionario público. El equipo de Alta Complejidad de la fiscalía de O’Higgins, bajo la dirección del fiscal Nicolás Núñez, ha estado siguiendo de cerca las transacciones financieras del alcalde, especialmente aquellas relacionadas con el empresario Javier Cornejo, quien se presume ha ofrecido beneficios personales a Godoy a cambio de licitaciones y tratos directos.
Según se consigna en el reportaje, este entramado de corrupción revela un esquema donde Cornejo habría facilitado al alcalde acceso a una cuenta bancaria y dos tarjetas de débito para gastos personales, con transferencias que ascienden a un total de $69.680.848 entre agosto de 2021 y mayo de 2023. Un detallado informe de la PDI, por solicitud de la fiscalía, confirma el uso personal de dichos fondos por parte de Godoy, lo que subraya un patrón de corrupción y malversación de fondos públicos.
El caso también ha puesto en la mira a Diego Barba Oliva, otro empresario vinculado a Godoy, quien será formalizado en la misma fecha. A Barba se le imputa la compra de un vehículo de lujo para Godoy y el financiamiento de un viaje a Lima, lo que sugiere un modus operandi de asignaciones arbitrarias y fraudulentas a favor de Barba y sus empresas, con un perjuicio económico que supera los $389 millones.
Además, una declaración reciente de un empresario gastronómico local ha abierto nuevos frentes en la investigación, acusando a Godoy de prometer negocios a cambio de apoyo económico para su campaña en 2020, y describiendo fiestas privadas financiadas por el alcalde que incluían consumo de drogas y contratación de servicios de prostitución.
