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Estudio revela que siete de cada diez candidatas sufrieron violencia política digital de género en Chile

El informe, coordinado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y ejecutado por la Universidad de Santiago, es el primer análisis sistemático sobre este fenómeno en el país.

SANTIAGO, CHILE – La violencia política digital contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural y persistente en Chile. Así lo demuestra el Primer Estudio sobre Violencia Política Digital de Género, coordinado por la División de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y ejecutado por la Universidad de Santiago de Chile (USACH), que analiza por primera vez en el país la magnitud y las consecuencias de este tipo de agresiones.

El estudio se desarrolló en el contexto de las elecciones municipales y regionales de 2024, con el propósito de identificar cómo se manifiesta la violencia política digital contra las mujeres, sus efectos psicosociales y las estrategias de respuesta de las candidatas. La investigación combinó una encuesta aplicada a 790 candidatas con el análisis de más de 958 mil interacciones en redes sociales como Facebook, X (ex Twitter) e Instagram.

Resultados principales

El informe revela que un 69% de las candidatas declaró haber sufrido algún tipo de violencia digital durante la campaña electoral. Además:

  • 85% considera que las mujeres son más frecuentemente blanco de acoso cibernético que los hombres.
  • 82% afirmó que modera o limita lo que publica por temor a ataques.
  • Solo 28% percibe Internet como un espacio seguro para expresar sus ideas.
  • 72% manifestó preocupación por el impacto que estas agresiones puedan tener en su vida cotidiana.

Pese a la gravedad del fenómeno, solo un 10% de las afectadas recibió respaldo de su partido político, lo que evidencia una brecha institucional crítica que deja a las mujeres enfrentando solas la violencia digital.

Impacto en la participación política

Entre las formas más frecuentes de violencia reportadas destacan el uso de lenguaje sexista u ofensivo (48%), los mensajes para dañar la reputación (47%), la difusión de información falsa (42%) y las referencias al cuerpo o la apariencia (32%).
Como consecuencia, el 51% de las mujeres agredidas perdió la motivación para exponerse públicamente, un 41% pensó en abandonar la política y un 30,9% dijo haber visto restringida su libertad de expresión.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó que el estudio confirma la urgencia de tratar esta problemática como un asunto estructural:
“La violencia política digital de género se ha instalado como una amenaza real para la participación democrática de las mujeres. No es un costo que ellas deban asumir por involucrarse en política; las instituciones y los partidos deben asumir su responsabilidad”, afirmó.

En la misma línea, Pamela Figueroa, presidenta del Sevel, hizo un llamado a los actores políticos a “garantizar campañas íntegras y libres de violencia, evitando prácticas que busquen excluir a las mujeres de la esfera pública”.

Denuncias y plataformas con mayores niveles de agresión

Solo un 11% de las mujeres que enfrentaron violencia digital presentó denuncias, en parte porque el 87,5% desconoce que puede hacerlo y casi la mitad (49,6%) no sabe dónde realizar el trámite.

El análisis de redes sociales mostró que las candidatas a alcaldías y gobernaciones fueron las más afectadas, con un 11,9% y 6,69% de mensajes agresivos respectivamente. La plataforma X (antes Twitter) concentró más del 70% de los ataques, registrando más de 36 mil mensajes hostiles hacia candidatas a alcaldesas, equivalente al 24% del total de interacciones recibidas.

Por el contrario, en las candidaturas a concejalías y consejerías regionales, Instagram y Facebook fueron los espacios donde se concentró la mayor parte de los episodios de violencia.

Finalmente, el académico René Jara, coordinador del equipo investigador de la USACH, destacó que el fenómeno “no solo afecta a las mujeres, sino que también presenta componentes interseccionales vinculados a la clase social o la pertenencia étnica, lo que obliga a un monitoreo permanente”.

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