La instancia parlamentaria concluyó que no existen antecedentes suficientes para acreditar una infracción constitucional del exministro de Hacienda. Este martes la Sala deberá tomar la decisión definitiva.
VALPARAÍSO – La acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sufrió un importante revés luego que la comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados recomendara rechazar el libelo, argumentando que los antecedentes expuestos durante la investigación no permiten acreditar una infracción constitucional que justifique su aprobación.
La decisión fue adoptada por tres votos en contra, uno a favor y una abstención, dejando ahora la definición final en manos de la Sala de la Cámara, que analizará el caso este martes.
La acusación fue impulsada por parlamentarios del Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, Partido de la Gente y otros sectores de oposición, luego de la controversia generada por las cifras fiscales heredadas por el gobierno anterior. Los impulsores del libelo sostienen que durante la gestión de Grau existieron errores y omisiones en las proyecciones financieras del Estado, particularmente en materias relacionadas con déficit fiscal, deuda pública y estimaciones presupuestarias.
Entre los cuestionamientos se menciona una diferencia superior a los US$10.500 millones en las proyecciones de deuda pública para el período 2026-2030 y discrepancias respecto de las estimaciones fiscales entregadas al cierre de la administración anterior.
Sin embargo, durante el trabajo de la comisión, varios parlamentarios concluyeron que las diferencias detectadas corresponden a proyecciones económicas sujetas a revisión y no a acciones deliberadas que permitan configurar una infracción constitucional.
Uno de los elementos que marcó la discusión fue el pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que informó que no existen inconsistencias aritméticas en los informes fiscales cuestionados, antecedente que fue ampliamente citado por quienes votaron en contra de la acusación.
La presidenta de la comisión, Marcela Hernando, sostuvo que las imputaciones formuladas contra el exministro carecen de hechos concretos y específicos que permitan atribuirle responsabilidades personales.
En una línea similar, los diputados Alejandro Bernales y Carlos Bianchi estimaron que las pruebas presentadas no lograron acreditar dolo, manipulación de datos ni incumplimientos graves a la Constitución o las leyes.
La única abstención correspondió a la diputada Joanna Pérez, quien reconoció cuestionamientos a la gestión fiscal del gobierno anterior, aunque consideró insuficientes los antecedentes para justificar una sanción de esta naturaleza.
Por su parte, el diputado Luis Sánchez fue el único integrante que respaldó la acusación, argumentando que aún persisten dudas sobre la elaboración y presentación de las cifras fiscales utilizadas durante la administración anterior.
Durante el proceso expusieron economistas, abogados constitucionalistas, exautoridades y expertos en finanzas públicas, además de la defensa encabezada por el abogado Patricio Zapata. Entre los participantes también figuraron los exministros de Hacienda Mario Marcel, Andrés Velasco y Manuel Marfán, quienes entregaron sus puntos de vista respecto de las materias cuestionadas.
Pese al rechazo de la comisión, la acusación constitucional continuará su tramitación. La decisión definitiva quedará en manos de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que fue convocada para este martes desde las 10:00 horas, sesión en la que los parlamentarios deberán resolver si el libelo avanza o queda definitivamente descartado.
