Cámara aprueba nueva ley busca mejorar la convivencia escolar y fortalecer los aprendizajes
VALPARAÍSO, CHILE – La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó los cambios introducidos por el Senado al proyecto que prohíbe y regula el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, dejando la iniciativa en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley.
La votación se resolvió con una amplia mayoría y sin votos en contra, permitiendo cerrar el último trámite legislativo de un proyecto que agrupa diversas mociones parlamentarias. Entre los ajustes aprobados, se reemplazó la expresión “medios tecnológicos de telefonía móvil” por la definición de “dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal”, entendidos como herramientas tecnológicas que permiten telecomunicación, acceso a internet e interacción con plataformas digitales.
El diputado Hugo Rey, uno de los autores de las iniciativas fusionadas, valoró la aprobación del texto final. “Hemos aprobado hace un par de minutos este proyecto que prohíbe y regula el uso de celulares en las salas de clases. Este es un tremendo proyecto que venimos trabajando hace tiempo y que hoy cumple su último paso legislativo. A partir de ahora, el Ejecutivo deberá promulgarlo para que entre en vigencia. Estamos muy contentos porque esto ayudará a mejorar los aprendizajes, la convivencia escolar y la interacción entre nuestros niños y niñas”, afirmó.
El parlamentario sostuvo que la presencia permanente del celular “genera distracción y dificulta la interacción social”, por lo que consideró esta regulación como un avance significativo para fortalecer ambientes educativos seguros y propicios para el aprendizaje.
Alcances de la nueva normativa
El proyecto aprobado prohíbe el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales que impartan educación básica y media. Sin embargo, la medida considera cinco excepciones específicas, autorizadas según el caso:
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Estudiantes con necesidades educativas especiales, cuando el dispositivo sea una ayuda técnica acreditada por un profesional competente.
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Situaciones de emergencia, desastre o catástrofe.
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Alumnos con enfermedades o condiciones de salud que requieran monitoreo periódico mediante dispositivos móviles, acreditado por certificado médico.
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Actividades curriculares o extracurriculares que requieran el uso de dispositivos móviles, previa autorización de la dirección del establecimiento.
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Solicitud fundada de padres, madres o apoderados, de forma temporal y por motivos de seguridad personal o familiar, también sujeta a autorización del director.
La prohibición se aplicará durante todas las actividades curriculares realizadas en la sala de clases y se extenderá a la comunidad educativa completa. En enseñanza media, los reglamentos internos podrán definir espacios y horarios específicos para un uso acotado, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes.
Implementación en reglamentos internos
La Superintendencia de Educación será la encargada de establecer instructivos que materialicen la prohibición, definiendo mecanismos, condiciones y consecuencias frente a su incumplimiento. Los establecimientos deberán actualizar sus reglamentos internos a más tardar el 30 de junio de 2026, antes de la entrada en vigencia oficial de la medida contemplada para el inicio del año escolar 2026.
Asimismo, los colegios deberán desarrollar acciones formativas sobre uso responsable de dispositivos móviles, prevención de riesgos digitales y educación para la convivencia, integrando la educación digital como nuevo principio educativo.
El Ministerio de Educación entregará, en 2030, una evaluación formal sobre los resultados de la implementación de la ley.
Argumentos a favor y reparos planteados
Durante la discusión se destacó que la regulación busca reducir la distracción en el aula, mejorar el rendimiento académico y promover una convivencia escolar más saludable. Se resaltó también que la medida podría apoyar la salud mental de los estudiantes, al disminuir la exposición continua a notificaciones y redes sociales.
Paralelamente, se valoró que los docentes no deberán asumir un rol policial, evitando sobrecarga laboral.
Sin embargo, algunos parlamentarios expresaron inquietudes respecto a que la normativa delegue en los establecimientos una tarea que —señalaron— corresponde principalmente a los padres. Otros parlamentarios manifestaron reparos a la prohibición extendida a toda la comunidad educativa, incluidos profesores y asistentes.
