Funcionarios cuestionan legalidad de la medida que reduce en 47% el presupuesto del servicio
SANTIAGO, CHILE – El Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció el inicio de un proceso de estudio y diseño de una nueva institucionalidad de la juventud, en medio de una rebaja presupuestaria del 47% al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), medida que forma parte del ajuste fiscal transversal del 3% aplicado al sector público.
Desde la cartera se informó que la decisión responde a una evaluación de programas y servicios con bajo desempeño, aclarando que la reducción no afectaría la ejecución de las iniciativas actualmente en desarrollo.
El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, sostuvo que “los problemas que aquejan a la juventud son complejos, como salud mental, empleabilidad y violencia, y hoy contamos con una institución que no está funcionando adecuadamente”, agregando que el objetivo es avanzar hacia una estructura que “genere impacto real y atienda de forma oportuna las necesidades de los jóvenes”.
La autoridad explicó que el Injuv presenta problemas de eficiencia, señalando que “el 75% de su presupuesto se destina a personal, un 15% a gastos administrativos y solo un 10% a programas, lo que evidencia una baja focalización en los beneficiarios”. Asimismo, apuntó a traslapes de funciones con otros ministerios, especialmente en áreas como salud mental.
En ese contexto, el Ministerio indicó que trabaja en el diseño de un organismo de carácter técnico, autónomo y transversal, que permita evaluar y proponer políticas públicas de juventud, además de mejorar la coordinación interinstitucional, proceso que incluiría la participación de funcionarios, academia y sociedad civil.
Sin embargo, la medida generó reacciones entre los trabajadores del servicio. Representantes de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (Afinjuv) y de la Federación de Asociaciones de Funcionarios/as del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Fenamias) acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad del decreto.
El presidente de Afinjuv, Yuksu Ramos, afirmó que “este decreto implica una rebaja importante en los recursos de los servicios públicos, afectando significativamente al Ministerio de Desarrollo Social”, mientras que desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), su presidente José Pérez Debelli calificó la medida como “regresiva y antidemocrática, que golpea a los servicios públicos del país”.
Los funcionarios sostienen que la reducción simultánea de presupuesto y dotación podría constituir una reestructuración de facto del servicio, lo que —según indican— vulneraría principios como la juridicidad, la continuidad del servicio público y la participación funcionaria, motivo por el cual esperan el pronunciamiento del organismo contralor.
