Ajuste responde a instrucción de Hacienda de reducir el gasto público en un 3% y afecta a diversos servicios del sector
SANTIAGO, CHILE – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aplicó un recorte presupuestario cercano a los $46 mil millones, en el marco de la política fiscal impulsada por el Ministerio de Hacienda, que instruyó una reducción transversal del 3% del gasto público en las distintas reparticiones del Estado.
La medida fue oficializada tras la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República del decreto emitido por la Dirección de Presupuestos (Dipres), consolidando el ajuste en los recursos asignados a la cartera.
Desde el ministerio se informó que “la reducción se implementó resguardando la continuidad y la debida prestación de los servicios esenciales, especialmente aquellos vinculados a la atención directa de las personas”, en un contexto de estrechez fiscal.
En términos de distribución, el mayor impacto en cifras lo registra Gendarmería de Chile, con una disminución cercana a los $17 mil millones, aunque proporcionalmente representa un ajuste menor, cercano al 2,4% de su presupuesto total.
Otros organismos también se ven afectados por la reducción, entre ellos la Subsecretaría de Justicia, con cerca de $9.693 millones menos; el Servicio de Reinserción Social Juvenil, con $7.676 millones; el Registro Civil, con $7.141 millones; y la Defensoría Penal Pública, con una disminución de aproximadamente $2 mil millones.
En tanto, la Subsecretaría de Derechos Humanos registra una baja de $870 millones, lo que representa uno de los recortes más significativos en términos porcentuales dentro de la cartera.
Este ajuste se suma a una reducción previa aplicada en enero de 2026, cuando el ministerio ya había recortado cerca de $10 mil millones, en respuesta al escenario económico que enfrenta el país.
Desde la cartera se enfatizó que estos cambios corresponden a una redistribución interna de recursos, orientada a mantener el funcionamiento de áreas críticas como el sistema penitenciario, la identificación civil y la defensa penal.
