Normativa moderniza el sistema, fortalece fiscalización y establece mayores estándares de transparencia para los usuarios
CHILE – La entrada en vigencia de la nueva Ley de Notarías marca un cambio estructural en el sistema notarial chileno, incorporando medidas orientadas a fortalecer la transparencia, mejorar la atención y resguardar los derechos de los usuarios.
La normativa, que comenzó a regir el pasado 2 de abril de 2026, introduce modificaciones al Código Orgánico de Tribunales y hace aplicable la Ley del Consumidor a notarios, conservadores y archiveros, estableciendo nuevas exigencias en su funcionamiento.
Uno de los principales cambios es el término de los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer como notario, además de implementar concursos públicos a través del sistema de Alta Dirección Pública para su nombramiento, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y meritocracia en el acceso a estos cargos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, destacó que “esta ley beneficia directamente a las personas al fijar precios máximos, exigir el cumplimiento de horarios y establecer estándares de seguridad, además de otorgar facultades de fiscalización al Sernac”.
En la misma línea, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, valoró que la normativa promueva mayor acceso a la información y digitalización de los servicios, lo que permitirá mejorar la atención y reducir tiempos en trámites que son altamente demandados por la ciudadanía.
Por su parte, la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, señaló que “esta nueva ley pone fin a los cargos vitalicios, fortalece lo digital, establece precios máximos y elimina trámites innecesarios, facilitando la vida de las personas”, agregando que también permitirá reducir filas y mejorar la calidad del servicio.
Entre los principales alcances de la normativa se incluyen la digitalización de registros y acceso remoto a documentos, la obligación de contar con canales de reclamos, la fijación de tarifas transparentes con precios máximos, y la eliminación de cerca de 12 trámites que dejarán de requerir gestión notarial.
En cuanto a la fiscalización, la ley establece que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tendrá facultades para supervisar la calidad del servicio y gestionar reclamos de los usuarios, mientras que la Fiscalía Judicial será la encargada de supervisar la conducta funcionaria de notarios, conservadores y archiveros.
En este contexto, el Sernac ya informó que ha oficiado a más de 500 notarías a nivel nacional para integrarlas al Portal del Consumidor, con el fin de facilitar la tramitación de reclamos y asegurar el cumplimiento de la normativa.
Las personas que enfrenten problemas en la atención o cobros indebidos podrán realizar sus reclamos a través del sitio web oficial del Sernac, vía telefónica o en oficinas presenciales a lo largo del país.
