La auditoría correspondiente al ejercicio 2023 reveló presuntas faltas a la probidad, millonarios pagos sin respaldo, uso indebido de bienes municipales y deficiencias en los procesos de contratación, por lo que el organismo ordenó medidas disciplinarias y la restitución de recursos públicos.
SAN FERNANDO, REGIÓN DE O’HIGGINS – Un informe de la Contraloría Regional de O’Higgins reveló una serie de graves irregularidades en la administración de la Municipalidad de San Fernando durante el ejercicio 2023, detectando presuntas vulneraciones a la probidad administrativa, deficiencias en el manejo de recursos públicos y eventuales responsabilidades que fueron puestas en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado.
Entre los principales hallazgos, la auditoría establece que un funcionario del Departamento de Servicios Generales, identificado como el ex consejero regional Javier Canales Oyarzún, habría retirado planchas de zinc, nailon y madera desde bodegas municipales. Según el informe, dichos materiales, que estaban destinados a una granja educativa, habrían sido utilizados para instalar un puesto de venta de pasteles perteneciente a su padre durante la festividad de Santa Rosa de Pelequén.
La Contraloría también cuestionó la actuación del alcalde Pablo Silva Pérez, señalando una eventual falta de imparcialidad en la adjudicación de contratos al proveedor Patricio Campos Muñoz, quien ha recibido pagos por más de $805 millones desde el municipio. El organismo sostiene que fotografías difundidas en redes sociales mostrarían al jefe comunal compartiendo en actividades privadas con el contratista, situación que podría vulnerar el deber de abstención establecido para las autoridades públicas.
En materia financiera, el informe ordenó el reintegro de cerca de $150 millones, correspondientes a pagos por arriendo de maquinaria y reparaciones de vehículos respecto de los cuales no existiría respaldo que acreditara la ejecución efectiva de los trabajos. Asimismo, la auditoría detectó la existencia de cheques firmados en blanco por diversos apoderados bancarios, práctica calificada por el ente fiscalizador como un riesgo para el patrimonio municipal.
El reporte también identificó un uso reiterado de la modalidad de trato directo, omitiendo en algunos casos la aprobación obligatoria del Concejo Municipal para adquisiciones superiores a 500 UTM. Además, se detectaron compras efectuadas fuera de la plataforma de Mercado Público y la adquisición de artículos publicitarios que, según el organismo fiscalizador, no guardan relación con las funciones legales del municipio.
Como resultado de la auditoría, la Municipalidad de San Fernando deberá instruir procedimientos disciplinarios para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados e implementar medidas destinadas a corregir las deficiencias detectadas en su gestión financiera y administrativa.
