Informe de auditoría reveló además contrataciones de extranjeros sin habilitación para trabajar, pagos sin respaldo suficiente, deficiencias en los procesos de control y observaciones en licitaciones, arriendos y administración de equipos tecnológicos.
SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA – Una serie de irregularidades en la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2024 detectó la Contraloría General de la República (CGR) tras una auditoría realizada al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), proceso que derivó en la instrucción de un sumario administrativo y en la remisión de antecedentes al Ministerio Público.
Entre los hallazgos más relevantes figura la contratación de 16 personas que mantenían antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas, quienes participaron en distintas funciones vinculadas al proceso censal desarrollado durante 2024.
De acuerdo con el Informe N°194-2025 de la Contraloría, en seis casos los postulantes presentaron certificados de antecedentes donde figuraban condenas, sin embargo, la empresa encargada del reclutamiento no efectuó las validaciones correspondientes ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. A ello se suman otros 10 casos en los que no fue posible acreditar que dichos documentos hubieran sido solicitados durante el proceso de contratación.
La auditoría también estableció que el INE contrató a 14 ciudadanos extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en Chile, incluyendo personas con permisos migratorios revocados e incluso un caso que mantenía vigente una orden de expulsión administrativa.
Otro de los antecedentes observados apunta a que la institución no logró acreditar que más de 130 trabajadores contratados para desempeñarse como Coordinadores de Local Censal y Gestores Administrativos contaran efectivamente con los requisitos educacionales exigidos para esos cargos.
Asimismo, el órgano contralor detectó deficiencias en los mecanismos de supervisión y control del personal contratado para el levantamiento censal. Según el informe, el INE no pudo acreditar que 515 censistas realizaran efectivamente las labores por las cuales recibieron pagos que suman $166.356.508, situación que actualmente forma parte de las observaciones formuladas por el organismo fiscalizador.
A ello se suma la identificación de 267 personas que prestaron servicios para el Censo mientras mantenían contratos vigentes con otras instituciones públicas, situación que no fue informada mediante las declaraciones juradas exigidas para estos procesos. Debido a estos antecedentes, los casos fueron remitidos al Ministerio Público para los fines que correspondan.
La Contraloría también observó falencias en materias administrativas y financieras. Entre ellas, la falta de fundamentos técnicos que justificaran la contratación de 77 inmuebles destinados a oficinas y locales censales, además de pagos considerados injustificados por $49.430.231 asociados a contratos de arriendo que se extendieron por períodos superiores a los requeridos para la ejecución del operativo censal.
Otro antecedente corresponde al pago de $134.243.088 efectuado el 1 de mayo de 2024 para el traslado de funcionarios y censistas, pese a que ese día no se desarrollaron labores censales que justificaran dicho desembolso.
La auditoría también abordó la gestión de los equipos tecnológicos adquiridos para el proceso. Según el informe, el organismo no definió oportunamente el destino de 4.588 computadores y 37.529 teléfonos inteligentes, los que permanecieron almacenados durante meses tras finalizar el operativo. Al 7 de noviembre de 2025, aún se encontraban guardados 484 computadores y 29.226 smartphones bajo custodia de la Subsecretaría de Bienes Nacionales.
Además, el informe identificó posibles conflictos de interés en el proceso de licitación, señalando que una exasesora contratada por el INE participó como integrante de una comisión evaluadora pese a mantener vínculos con una de las empresas involucradas en el proceso.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría instruyó al Instituto Nacional de Estadísticas la realización de un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades. Asimismo, formuló un reparo por $315.645.819 y remitió los antecedentes al Ministerio Público.
Respuesta del INE
A través de un comunicado oficial, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el 10 de marzo de 2026 recibió el informe final de la Contraloría y que posteriormente presentó una solicitud de reconsideración respecto de algunas observaciones formuladas por el organismo fiscalizador.
La entidad señaló además que instruyó un sumario administrativo relacionado con los 16 censistas que registraban antecedentes penales, junto con presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Asimismo, indicó que también se investiga la eventual responsabilidad administrativa asociada a la contratación de 14 censistas extranjeros que no habrían estado habilitados para trabajar en el país.
En el documento, el INE afirmó que mantiene controles permanentes respecto de las medidas adoptadas y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de sus procesos internos, la transparencia institucional y el uso responsable de los recursos públicos.
